El Gobierno cuestiona el uso de los fondos públicos, mientras docentes y estudiantes exigen un mayor incremento presupuestario.
En medio de las protestas universitarias que se extienden en todo el país, el Gobierno avanzará en los próximos días con su plan para auditar a las universidades públicas, con el objetivo de controlar el uso de las partidas que reciben del Estado. El director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló detalles de esta tarea, que estuvo en el centro de la polémica luego del veto presidencial que derogó la Ley de Financiamiento Universitario.
“Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades”, sostuvo el síndico, cuyo organismo esta semana volvió a recuperar la atribución de revisar las cuentas de las casa de altos estudios.
Según el contador, las auditorías comenzarán la semana próxima “con algunos casos como la Universidad de La Matanza”. Para el resto aún falta armar los equipos de auditores y luego se priorizará en qué universidades seguir “en función de los volúmenes de fondos y calidad de convenios”.
En cuanto al alcance de las auditorías, el directivo subrayó que el organismo se encarga fundamentalmente de ver el “sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos”. Y aclaró que no intervendrán en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, tal como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores: “Eso no está dentro de nuestro alcance”.
Blanco señaló que los informes estarán disponibles para el público a través de los mecanismos de acceso a la información pública y podrían ser publicados en la página web del organismo. “Lo que hay que hacer es ver las facultades”, puntualizó. Según deslizó, uno de los puntos que estarán bajo revisión son los convenios firmados. En concreto, si los trabajos encargados a las universidades se realizan con recursos propios o si, como ha ocurrido en algunas ocasiones, se subcontratan a terceros.
“En el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso”, advirtió Blanco.
El plan de auditorías llega en un momento de máxima tensión entre el gobierno de Milei y las autoridades de las universidades. Tanto los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), como el Frente Sindical de docentes universitarios y el movimiento estudiantil, aglutinado en la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los centros de estudiantes, exigen un incremento de las partidas presupuestarias ajustado, a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. Con la asignación de los recursos que destinó Milei a la educación superior, el personal docente y no docente perdió un 30% de poder adquisitivo.
