Lo confirmó el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, quien agregó que las empresas deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores para aumentar la cifra.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado a nivel nacional y que tuvo su réplica en estas tierras, abrió la puerta para que las empresas mineras apuesten a emprendimientos clave. Un punto que desató interrogantes era que el piso del 20 por ciento para la contratación de proveedores locales contemplaba no solo a los de San Juan sino, también, a los del resto del país. Sin embargo, el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, aseguró que presentarán un proyecto de ley para que ese porcentaje “se cumpla en la provincia”. No fue lo único, ya que también resaltó que las compañías deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores para que “se comprometan a contratar mucho más” de esa cifra. “Si podemos cumplir con ese objetivo, y estamos seguros que así va a ser, va a resultar anecdótico si se contrata el 20 por ciento con proveedores de San Juan”, remarcó.
El titular de la cartera productiva también habló de la creación de un certificado de crédito fiscal. Se trata de una herramienta para que el sector industrial pueda cancelar Ingresos Brutos y otros impuestos, dado que estaba exento del primer tributo, pero, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia se vio obligada a imponer el gravamen. En ese marco, Fernández le cerró la puerta a un pedido de la Unión Industrial de San Juan de compensar a unas 30 compañías que pueden quedar afuera.
Además, el ministro dio detalles del porcentaje de daño de las zonas cultivadas tras el granizo, lo que será parte de la declaración de la emergencia agropecuaria que se enviará a Nación para tramitar beneficios impositivos para los productores afectados.
Con respecto al plan de proveedores locales para la minería, Fernández destacó que el proyecto de ley, “seguramente, en muy poquito tiempo vamos a estar teniendo novedades”. Incluso, afirmó que dentro de este primer semestre se estará presentando en la Cámara de Diputados.
El ministro sostuvo que “lo que vamos a procurar y orientar es que ese piso del 20 por ciento (que establece el RIGI para la totalidad de los contratos) se cumpla con proveedores de San Juan”. ¿De qué manera? “A través de una norma legal”, respondió el funcionario orreguista.
Así, expresó que, “partiendo de ese piso del 20 por ciento que fija el RIGI, se establecerá un plan en el que las empresas, voluntariamente, ofrezcan el desarrollo de proveedores y nos digan qué porcentaje van a desarrollar en las comunidades (el departamento en el que está el proyecto minero), qué porcentaje en el resto de la provincia y cómo va a ir creciendo con el correr de los años”.
Por eso, sostuvo que “no queremos conformarnos con un 20 por ciento de proveedores locales. Lo que queremos, a través de los planes de desarrollo, que las empresas se comprometan a contratar mucho más. No tengo dudas que las compañías van a presentar proyectos de desarrollo de proveedores superiores al 20 por ciento”.
Asimismo, explicó que un “concepto positivo” que incorpora el RIGI es que ese 20 por ciento es “de la totalidad de los contratos” y “no sobre la nómina de proveedores, que es lo que históricamente han hecho las empresas”. De esa manera, graficó: “Las compañías a veces dicen que contratan el 70 por ciento de proveedores locales, pero, a veces, representan el 10 por ciento del total de las compras que hace la empresa. El RIGI introduce el concepto de evaluar el desarrollo de proveedores sobre los montos de contratación y fija un piso del 20 por ciento”.
Como el RIGI está dentro de una ley nacional, se le consultó al ministro de Producción si una norma local, que establezca que ese porcentaje deba ser netamente sanjuanino, iba a producir un obstáculo legal. Fernández lo descartó y aseguró que “una norma local que estipule la necesidad de tener un plan de desarrollo de proveedores, ajustado a los proveedores locales, va a ser nuestra salvaguarda”.
Además, agregó que “vamos a procurar que el alcance sea a todas las empresas que hacen exploración, las que están explotando, construyendo y aquellas que hagan trabajos de cierre de mina. Es decir, en todas las etapas”. Incluso, señaló que “las contratistas o proveedoras directas de las operadoras mineras, especialmente aquellas que estén categorizadas, de acuerdo a la ley nacional, como grandes o medianas empresas, van a tener que cumplir con estos postulados que pretendemos instalar a través de una legislación”.
Asimismo, indicó que el proyecto contempla “alguna herramienta que nos asegure niveles mínimos de contratación de mano de obra y profesionales locales”.
Por Diario Revolución Calingasta con información de 0264Noticias.
