El ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos.
El ataque terrorista a la embajada israelí en Buenos Aires ocurrió el martes 17 de marzo de 1992 a las 14:45 (hora local) cuando una camioneta Ford F-100 conducida por un suicida y cargada con explosivos fue estrellada contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizada en la esquina de Arroyo y Suipacha, causando la destrucción de la embajada, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado terrorista murieron 22 personas, entre israelíes y argentinos e hirió a otras 242. Fue el segundo peor ataque terrorista en la historia de Argentina, después del atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y el peor ataque contra una misión diplomática israelí. Los autores del ataque se cree que ingresaron al país a través de la región llamada triple frontera, el área donde confluyen las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil.
Dos años después, el 18 de julio de 1994, un coche bomba estalló frente a la AMIA, la organización mutual judía más importante del país, también en Buenos Aires, lo que tuvo como resultado la muerte de 85 personas.
Conexión con la política exterior argentina
En el año 2004, Carlos Menem, quien fuera presidente de Argentina entre 1989 y 1999 declaró en una entrevista que el hecho de haber sido el único presidente argentino que visitó Israel pudo haber sido lo que haya ofendido a estas organizaciones terroristas. Y a continuación agregó: «Lo otro que puede ser es el envío de las naves argentinas al Golfo con motivo de la invasión de Irak a Kuwait».
El envío de dos buques de guerra al Golfo, en 1991, para reforzar la coalición liderada por Estados Unidos contra Irak, fue un hecho representativo del estilo de la política exterior que siguió el gobierno argentino durante la presidencia de Menem.
Investigaciones en Estados Unidos
En Estados Unidos el atentado fue investigado por el FBI sin que diera a conocer públicamente sus resultados y por la jueza Ellen Segal Huvelle, quién en 2008 condenó a Irán a indemnizar a los familiares de una de las víctimas. El fallo de la jueza Segal Huvelle atribuye el atentado a la organización Hezbollah con el apoyo de Irán y sostiene que murieron 29 personas, sin identificarlas, desconociendo el dato real de 22 personas asesinadas. También sostiene que el atentado fue realizado mediante un coche bomba detonado en la calle por un perpetrador suicida. El fallo aclara que la prueba en la que se apoya para dar por ciertos los hechos mencionados es la declaración de Patrick L. Clawson, un asesor independiente de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, descripto en el fallo como «experto en asuntos iraníes».
Investigaciones en Israel
En Israel el Mosad investigó el atentado sin dar a conocer los resultados, pero en marzo de 2010, el embajador de Israel en Argentina, Daniel Gazit declaró a la prensa que Israel había eliminado a los autores del atentado.
En 2022 un informe final del Mossad identificó a los miembros del grupo operativo, todos libaneses, y afirmó que varios de ellos estaban vivos, solicitando la detención internacional de los mismos.
Investigación en Argentina
En 1997 la causa fue encomendada al secretario Esteban Canevari. El 23 de diciembre de 1999 la Corte Suprema dictó una acordada estableciendo que los muertos habían sido 22 (y no 29 como se había informado oficialmente los años anteriores) y que la investigación debía orientarse a reunir las pruebas que establecieran la certeza de que el atentado había sido realizado por la Jihad islámica, brazo armado del Hezbollah, mediante un coche bomba para el que se utilizó una Ford F-100, comprada a un fotógrafo policial por un hombre con un documento a nombre de un ciudadano brasileño, Ribeiro Da Luz. Por esa resolución se dictó también una orden de captura contra Imad Mughnyah, fallecido en 2008.
En 2015, el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti declaró públicamente que en la causa había cosa juzgada debido a la acordada de 1999. La declaración produjo confusión ya que en 2006 la Corte Suprema había dictado en la causa una resolución estableciendo que la misma no había prescripto.
