Desde el Gobierno anticipan instrumentos de medición, asistencia financiera y criterios claros. Hay un borrador que ya vieron las cámaras empresariales y es inminente que el proyecto se envíe al Poder Legislativo.
San Juan vive un momento de oportunidad y ansiedad: la minería se muestra como el motor capaz de transformar la economía provincial, pero el arribo de inversiones y proyectos de gran envergadura plantea preguntas concretas sobre quién participa de ese crecimiento.
El ministro de Producción, Gustavo Fernández, asegura que «el proyecto de ley de proveedores mineros está en su recta final«.
Sin embargo, advierte que este instrumento, si bien innovador, no podrá resolver todos los desequilibrios de un sector competitivo, “lento” y marcado por expectativas que a veces superan la realidad operativa.
Ley de Proveedores en su tercera fase
“El proyecto de ley está ya en su tercer y última fase. La primera fase implicó una ronda de consultas con proveedores durante el año pasado. La segunda etapa, en el primer trimestre de este año, fue confeccionar un borrador basado en las sugerencias de distintas cámaras de proveedores. Ahora estamos compartiendo ese borrador con la Cámara Minera, que ya reconoce la necesidad de tener un marco regulatorio. Ellos presentaron una contrapropuesta, y estamos haciendo los ajustes finales”, introduce el titular de la cartera productiva en diálogo con ACERO Y ROCA.
Así, el ministro confirma la hoja de ruta: en algunas semanas y el Ejecutivo enviará al legislativo un texto completo. Pero, ¿Qué contendrá esa norma? ¿Cómo se medirá el “verdadero desarrollo” de proveedores? ¿Qué capacidad tendrán las PyMes para competir en un contexto donde las grandes empresas presentan ofertas agresivas? Y, sobre todo, ¿Cómo se gestionan las expectativas cuando “la minería es un proceso lento”?
¿Qué incluirá (y qué no) la ley de proveedores mineros?
Según Fernández, la futura ley buscará equilibrar la cancha sin recurrir a mecanismos populistas que distorsionen el mercado.
El foco estará en generar herramientas concretas para que las empresas locales puedan competir en condiciones más razonables, pero sin limitar la libre puja de precios. Entre los puntos más relevantes, señala:
- Plan de Desarrollo de Proveedores:
“Lo que la ley de proveedores va a hacer es formalizar y estandarizar la presentación de un ‘Plan de Desarrollo de Proveedores’, que incluya no sólo la cantidad de empresas locales que participan, sino también los montos contratados y el porcentaje que representan respecto al total de la facturación de cada minera.”
Este instrumento permitirá generar indicadores objetivos para comparar desempeño entre las operadoras y conocer, de manera transparente, cuánto destinan las empresas a proveedores sanjuaninos y de comunidades cercanas.
- Herramientas de financiamiento y asistencia:
“La ley también fomentará mecanismos de financiamiento, asistencia técnica y capacitación para mejorar la competitividad de los proveedores locales. No se trata de obligar a nadie a cotizar con márgenes bajos, sino de ofrecer líneas de crédito, subsidios o formación para que puedan igualar, en la medida de lo posible, las ofertas agresivas que proponen las grandes firmas nacionales o internacionales.”
Con estos recursos, el Estado buscará que las empresas sanjuaninas accedan a equipamiento, capital de trabajo y asesoramiento técnico, evitando así quedar fuera desde la salida de los pliegos.
- Beneficios en caso de empate de precios:
“En un contexto donde dos ofertas son prácticamente iguales, el proyecto prevé un ‘beneficio extra’ para el proveedor local que pueda mejorar mínimamente la propuesta. Eso no significa regalar los contratos, sino reconocer que una empresa que genera empleo y paga impuestos en San Juan merece prioridad en un escenario de empate técnico.”
Este punto habrá que evaluarlo con cuidado para que no se interprete como un arancel protector excesivo ni como una barrera para el ingreso de capitales.
El gobernador de San Juan Marcelo Orrego y el ministro de Producción, Gustavo Fernández
Qué no regulará la ley:
Fernández enfatiza que la estrategia de cotización será una decisión privada e intransferible de cada empresa.
“No podemos imponerle a un proveedor local que cotice al costo o con un margen mínimo. Eso desincentivaría las inversiones y la propia sustentabilidad de las PYMES. Lo que sí vamos a exigir es que, en sus planes de desarrollo, detallen sus costos y márgenes, para que haya transparencia.”
Sobre esto, el diputado libertario Fernando Patinella, en una nota publicada esta semana por este medio, había puesto el foco en no crear “cotos de caza” donde sólo unos pocos se vean beneficiados.
Medir el verdadero desarrollo de proveedores
La gran novedad de la norma será la creación de indicadores claros que permitan a la sociedad y al propio gobierno conocer, año a año, el grado de compromiso que cada minera tiene con los proveedores locales.
De acuerdo con lo que explica el ministro:
“Actualmente, las Declaraciones de Impacto Ambiental sólo incluyen datos dispersos que no permiten comparar cuánto contratan las empresas de San Juan«.
- La ley impulsará informes estandarizados:
- Cantidad de proveedores provinciales y de comunidades contratados.
• Monto total de facturación a proveedores locales.
• Porcentaje que ese monto representa sobre la facturación global de la empresa en la provincia.
• Áreas de oportunidad donde aún no hay proveedores capacitados, con el fin de orientar políticas de formación y asistencia.
Este esquema transparenta la relación empresa-proveedor y obliga a las operadoras a identificar brechas: sectores donde faltan oferentes calificados.
A partir de allí, el gobierno y las cámaras podrán delinear planes de capacitación y de fomento para que más PYMES cumplan con los estándares requeridos.
“A veces hay que ganar menos para no quedar afuera”
En este marco de la defensa del proveedor local surge una duda: ¿Por qué una UTE conformada mayoritariamente por una empresa de San Luis ganó la licitación Vicuña? De la respuesta se desprende un dato que las empresas locales no deben dejar pasar por alto:
“La empresa que ganó la adjudicación del camino de Vicuña (UTE Terusi- SEMISA) lo hizo con una diferencia de precio insalvable para los locales: tiene maquinarias ociosas y puede ofrecer tarifas muy agresivas».
«Ante esas circunstancias, a veces es preferible ganar con márgenes mínimos o incluso con precios ajustados, para asegurarse la participación y construir historial”, reconoce Fernández.
¿Podrán aprobar la ley?
Con el proyecto de ley casi listo, el gobierno sanjuanino tiene un desafío por delante: aprobar la ley en la Cámara de Diputados. Y si es posible, por unanimidad o por una mayoría que no les deje dudas a las grandes operadoras mineras de que primero está el desarrollo de la economía provincial.
Y si bien el consenso parece estar en casi todo el arco político, un hecho aislado, pero resonante podría complicar las cosas: la nueva guerra de pedidos de informes cruzados entre la actual y la anterior gestión.
Esto ha generado una tensión en el cuerpo legislativo provincial, donde la oposición tiene mucha fuerza. El contexto está dado, las expectativas crecen y sólo queda esperar a que este conflicto no ponga en peligro la sanción de la ley.
