Con un ejecutivo a punto de asumir y un renovado Concejo Deliberante el debate se abre en la sociedad.
Transparencia. Los vecinos de Calingasta deben saber por derecho, qué es lo que ingresa a las arcas del municipio y en qué se ejecuta ese dinero. La Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta de rendición de cuentas que fomenta la participación ciudadana y permite conocer las decisiones políticas en asuntos fundamentales como la educación, la seguridad, la salud o la vivienda.
Tan sencillo de comentar y tan díficil llevar a la práctica para los funcionarios.
El electo intendente, Sebastián Carbajal, debe tener el objetivo de llevar adelante la iniciativa al legislativo para que tenga su tratamiento como corresponde. La comunidad lo requiere.
El flamante Concejo Deliberante está compuesto por cinco integrantes, todos del uñaquismo: Patricia Castillo, Domingo Santos Zárate – ediles de Carbajal -, Sebastián Ramos, Nora Olivares – Garcesistas – y Heber Tapia – hombre de Jorge Castañeda – . Los electos consejales deben tener la unanimidad indiscutible para llevar adelante un proyecto de ordenanza para que Calingasta legisle en la materia.
Con esta actualidad, quién más insistió en San Juan para que este proyecto sea tratado es el experimentado dirigente bloquista y actual diputado departamental de Zonda, Edgardo Sancassani, quién amablemente accedió al diálogo con Diario Revolución Calingasta y habló sobre esta triste realidad para la ciudadanía sanjuanina.
Hay que retrotraerse en el tiempo hacia el año 2008. Es aquí donde Sancassanni presentó el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública pero no hubo avance concreto al respecto. En 2017 se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública que invitaba a las provincias a adherirse pero San Juan es una de las cuatro jurisdicciones junto a Tucumán, Formosa y La Pampa que aún no lo han hecho.
Dicha Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública establece la obligatoriedad para los tres poderes del Estado y entes u organizaciones con aporte estatal, de responder a la solicitud de información por parte de cualquier ciudadano en un plazo máximo de 30 días.
De vuelta a la órbita provincial, desde la presentación del proyecto de ley hasta el 2017 pasaron casi 10 años y al no tener éxito, el diputado bloquista buscó la adhesión a la normativa nacional, sin embargo todo continúa en stand by.
«La transparencia del funcionario público y su accionar, la sociedad lo tiene que conocer. El acceso a la información pública es una deuda que se debe saldar, es un derecho que no tenemos. La sociedad demanda la necesidad de saber sobre que hace el estado con sus fondos, esta es una ley muy importante para clarificar y transparentar la actividad política esto es fundamental para que la gente este tranquila», resaltó el diputado.
El Municipio de Calingasta al tener autonomía jurídica, financiera y económica, puede a través de una ordenanza del Concejo Deliberante tener su Ley de Acceso a la Información Pública. Además, la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública que es nacional, invita a los municipios a adherirse.
Puntos a conocer sobre la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública
1. ¿A qué se llama información pública?
Son aquellos datos generados, controlados o conservados por los organismos públicos. Pueden ser mensajes, acuerdos, directivas, estudios, informes, oficios, normas, partes de expedientes, correspondencia oficial, actas, boletines o cualquier otra información escrita, fotográfica, grabada, en cualquier tipo de soporte (magnético, digital u otro).
2. ¿Qué significa acceso a la información pública?
Es la posibilidad que tienen vos y toda persona de obtener información en distintos formatos y soportes. Es una herramienta de rendición de cuentas que fomenta la participación ciudadana y te permite conocer las decisiones gubernamentales en asuntos fundamentales como la educación, la seguridad, la salud o la vivienda.
3. ¿Quiénes están obligados a brindarla?
A partir de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, están obligados los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura, empresas, partidos políticos, universidades y sindicatos que reciban aportes públicos.
4. ¿Yo tengo derecho a acceder a la información pública?
Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información. No es necesario que demuestres tener un interés legítimo o particular, ni que te patrocine un profesional letrado (abogado, escribano, etc.).
5. ¿Hay límites para obtener la información?
Si bien toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, está sometida a un régimen limitado de excepciones. Esto quiere decir que existen algunas restricciones, entre ellas:
- Datos que afecten la intimidad de las personas (por ejemplo: domicilios o teléfonos particulares).
- Información protegida por secreto bancario, por secreto profesional o por una estrategia de defensa en una causa judicial.
- Información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior.
- Notas internas con recomendaciones que formen parte del proceso previo a la toma de decisiones de la Autoridad Pública y que no integren un expediente.
- Información exceptuada por leyes específicas.
La ley no admite excepción alguna si se trata de casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.
6. ¿Cuánto tiempo lleva solicitar la información pública?
La ley impone plazos muy precisos para que los distintos órganos del Estado cumplan con su deber de informar: 15 días. De manera excepcional, les concede una prórroga por otros 15 días más.
El deseo colectivo de los calingastinos es poder acceder a cada uno de los movimientos que realiza el municipio y así conocer en plenitud como se lleva adelante un estado departamental. Los tiempos cambiaron y la sociedad exige, demanda y pide que el manejo de los fondos sean con responsabilidad.
Por Redacción Diario Revolución Calingasta.
Calingasta, San Juan, Argentina.
