El magistrado calingastino confirmó el ingreso formal de la denuncia contravencional por los graves daños provocados en la Pampa El Leoncito. Explicó el estricto protocolo de custodia del vehículo encastrado y anticipó que la multa máxima estipulada podría alcanzar el millón de pesos.
Tras el escándalo generado por el ingreso ilegal de una camioneta particular a la Pampa El Leoncito, el juez de paz de Calingasta, Dr. Andrés Troche, brindó precisiones fundamentales sobre el curso que tomó la investigación. El hecho causó una profunda indignación provincial debido a que el vehículo irrumpió en un momento en que el histórico barrial se encuentra completamente inundado por las crecientes del arroyo El Leoncito, un estado de extrema vulnerabilidad para el suelo.
El magistrado confirmó que las actuaciones policiales ya se encuentran formalmente en los despachos judiciales. «En el día de ayer ingresó el acta de infracción labrada al señor que se encontraba en la camioneta por la presunta violación al artículo 187 de la Ley 941-R, correspondiente al Código de Faltas de la provincia de San Juan», detalló Troche en Radio Sarmiento, ratificando además que los involucrados —turistas oriundos de Mendoza— ya comparecieron y quedaron formalmente vinculados al proceso.
«Muchas de las personas que cometen este tipo de infracciones alegan que no sabían o que desconocían la prohibición; es una situación que es completamente inexcusable», aseveró firmemente el juez de paz durante la entrevista.
Al ser consultado sobre la situación actual del vehículo, que permanece atascado en el lodo, el juez explicó que se ha ordenado una estricta consigna de seguridad en el lugar de los hechos. «Como primeras medidas se dispuso que la camioneta quede en el sitio con custodia de Gendarmería Nacional, en permanente coordinación con la Comisaría Nº 33 de la Policía de San Juan», indicó.
Esta drástica decisión responde a la necesidad de evitar maniobras improvisadas de rescate. «El objetivo principal es evitar que se intente una extracción particular que termine produciendo un daño aún mayor al suelo. De esta situación ya se le dio intervención formal a la Dirección de Patrimonio de la provincia», agregó el magistrado de Calingasta.
El rol de Patrimonio y antecedentes
El doctor Troche hizo especial hincapié en que la zona cuenta con una señalización clara y exhaustiva que advierte sobre las restricciones de circulación en el área protegida, sumado a las constantes labores de concientización conjuntas que ejecutan el municipio local y los prestadores turísticos para resguardar la integridad del suelo.
Finalmente, respecto a los plazos procesales y las penalidades venideras, el juez recordó que en lo que va del año ya se sancionó al máximo previsto por la ley a los responsables de otros dos incidentes similares ocurridos en invierno. Para este tipo de infracciones contra el patrimonio provincial, el Código de Faltas estipula un tope de 500 JUS, cifra que equivale a aproximadamente un millón de pesos, a resolverse una vez que se incorporen los informes ambientales definitivos.
