Fue una de las primeras medidas que tomó el gobernador Marcelo Orrego al comienzo de su gestión cuando definió dar de baja a los nombramientos de personal a planta permanente del Estado que se hicieron seis meses antes del recambio de gestión por el anterior gobernador Sergio Uñac.
Fue una de las primeras medidas que tomó el gobernador Marcelo Orrego al comienzo de su gestión cuando definió dar de baja a los nombramientos de personal a planta permanente del Estado que se hicieron seis meses antes del recambio de gestión por el anterior gobernador Sergio Uñac. Así las cosas, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) presentó un amparo para reincorporar a esos empleados, lo cual tuvo un revés judicial en su momento, cuando el juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, lo rechazó debido a un error formal, debido a que no se había agotado la vía administrativa. Después fue la Sala Tercera de la Cámara Civil la que ratificó la decisión y ahora intervino en el mismo sentido la Corte de Justicia de San Juan.
La Sala Segunda, integrada por Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, dejó firme el fallo en primera instancia al entender que el gremio no acudió a un ámbito administrativo superior para que revisara la resolución y, con ese resultado, se habilitara la intervención de la Justicia, coincidiendo con el argumento de que la decisión del Ejecutivo “se encuentra dentro de sus facultades”.
En su momento, se supo que fueron más de 2 mil trabajadores que pasaron a planta y que luego fueron desafectados por el actual gobernador. La decisión fue tomada el 11 de diciembre, a un día de su asunción, medida que consistió en revocar los nombramientos a planta permanente de la administración pública hechos en los seis meses previos a la renovación de gobierno. También invalidó las designaciones de aquellos agentes que fueron designados con nueve meses de antelación, pero que, en ese lapso, no cumplieron con el mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo. No fue lo único, ya que le dio de baja a la extensión de los contratos.
En diálogo con LV5 Radio Sarmiento, el Fiscal de Estado de San Juan Dr. Sebastián Dávila, explicó que de esta manera quedó firme el decreto del Gobernador para con esos empleados que ingresaron de manera irregular. «Tras el rechazo de ese amparo, todos los empleados que están en esta situación quedan desafectados, incluso como contratados».
Así las cosas, el Dr. Dávila explicó que en verdad se encontraron numerosas irregularidades en las incorporaciones, más allá de haber sido nombrados a menos tiempo de lo que indica la ley. «Fueron incorporados 6 meses antes del recambio de gobierno por el anterior mandatario Sergio Uñac antes de retirarse, cuestión que está fuera de la ley. Si se hubiesen incorporado 6 meses y 1 día, estaba bien pero ni siquiera fue así, se detectó que los nombramientos no tenían presentada la documentación que es requisito como controles médicos, aportes, entre otros, que incluso fueron nombrados en noviembre de 2023».
