El beneficio alcanzará a 48.066 trabajadores que dependen directamente del Poder Ejecutivo provincial y tendrá carácter no remunerativo.
El anuncio del pago de un bono extraordinario de $120.000 para los empleados públicos de la Administración Central abrió un nuevo capítulo en el debate político y fiscal de la provincia. La medida, confirmada por el gobernador Marcelo Orrego en rueda de prensa, implicará un desembolso estimado de $5.767 millones, según precisó el secretario de la Gobernación, Emilio Achem.
El beneficio alcanzará a 48.066 trabajadores que dependen directamente del Poder Ejecutivo provincial y tendrá carácter no remunerativo. El pago se realizará por única vez el próximo 16 de enero y no impactará ni en los salarios ni en los haberes jubilatorios futuros, consignó LV5 Radio Sarmiento.
El mayor peso del esfuerzo financiero recaerá en el sector educativo. Los docentes, que suman 17.095 agentes, concentrarán una inversión cercana a los $2.051 millones, convirtiéndose en el grupo con mayor participación dentro del esquema de pagos.
En segundo lugar se ubica el Escalafón General, conformado por 10.950 empleados administrativos, para quienes el Gobierno destinará alrededor de $1.314 millones. Le sigue el área de Sanidad, que con 9.719 trabajadores demandará una erogación aproximada de $1.166 millones.
El bono también alcanzará a los sectores de seguridad. Para la Policía de la provincia, integrada por 6.783 efectivos, el costo estimado será de $814 millones, mientras que el Servicio Penitenciario, con 2.021 agentes, requerirá unos $242 millones.
Otros regímenes con menor cantidad de personal también estarán incluidos en el pago extraordinario. Los empleados comprendidos en leyes especiales, que totalizan 944 trabajadores, implicarán una inversión de $113 millones. En tanto, Vialidad Provincial, con 366 agentes, demandará unos $44 millones, y otros regímenes específicos —como energía y reciclado—, que agrupan a 188 empleados, representarán un desembolso cercano a los $23 millones.
En conjunto, la Administración Central concentra más del 78% del total del empleo público provincial, por lo que el pago del bono representa uno de los esfuerzos financieros extraordinarios más significativos del cierre de año. Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto inflacionario aún sensible, sin comprometer el equilibrio fiscal que la gestión define como uno de sus pilares.
El anuncio del Ejecutivo no incluye, por el momento, a los empleados del Poder Legislativo, aunque en ocasiones anteriores la Cámara adhirió a decisiones similares. De confirmarse un bono de igual monto, la Legislatura debería destinar $37,68 millones para afrontar el pago a sus 314 trabajadores, según los datos consignados en el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno.
Una situación similar se plantea en el Poder Judicial, que cuenta con autonomía para definir este tipo de medidas. No obstante, en antecedentes recientes acompañó las decisiones del Ejecutivo. En este caso, la determinación quedará en manos de los ministros de la Corte de Justicia, que así lo hicieron saber de manera oficial.
De avanzar con el pago del bono no remunerativo, el Poder Judicial debería erogar $281,4 millones para cubrir a sus 2.345 empleados, de acuerdo con la información incluida en el proyecto de Presupuesto 2026.
