Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales, defendió la investigación de casi nueve meses y rechazó las acusaciones de persecución política. Aseguró que la Fiscalía solicitará la imputación de la totalidad de los señalados y advirtió que la audiencia de formalización será clave para exponer las pruebas acumuladas en más de 100 cajas.
La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en las licitaciones, contrataciones y ejecución de las obras del Acueducto Gran Tulum ingresó en su fase más crítica. El fiscal Sebastián Gómez, integrante de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, ratificó en LV5 Radio Sarmiento que el Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzará en la imputación formal de las 11 personas señaladas en la causa, entre las que figuran exfuncionarios de primera línea y actuales legisladores nacionales.
El representante del MPF sostuvo firmemente que el caso reúne la entidad suficiente para avanzar en el proceso penal y no descartó la gravedad institucional del hecho: “Podría considerarse un hecho de corrupción”, afirmó al evaluar el cuerpo de pruebas reunido tras casi nueve meses de pesquisa.
Nueve meses de investigación y más de 100 cajas de documentación
Gómez explicó que la labor realizada por el equipo fiscal no fue improvisada. Desde la apertura de las actuaciones en diciembre pasado, el expediente acumuló un volumen ingente de elementos probatorios, entre expedientes administrativos, contrataciones, certificaciones y soporte digital.
“Para que se den una idea, estamos hablando de un mínimo de 100 cajas con documentación impresa, además de abundante material digital”, precisó el fiscal.
Respecto al estado de los materiales secuestrados y analizados, reconoció que parte de la documentación requerida a organismos públicos no fue hallada en su lugar de origen. Sin embargo, descartó que se hayan archivado o desestimado líneas de investigación sobre los aspectos técnicos de la obra, incluyendo los cuestionamientos en torno a la aptitud de las cañerías e insumos utilizados.
En ese marco, remarcó que las pruebas reunidas constituyen elementos de convicción suficientes para dar inicio formal al proceso y que, en caso de existir responsabilidades penales, la Fiscalía buscará llevar a los involucrados a juicio.
“Política no hago, me rijo por el Código Penal”
Frente a las críticas de las defensas técnicas que calificaron las actuaciones como una «persecución política» instrumentada por la gestión actual, Gómez fue categórico en rechazar cualquier condicionamiento: “Entiendo que la mejor defensa es la que se presenta en tribunales, con pruebas y refutando los elementos del Ministerio Público. Yo política no hago, no entiendo de política. Exclusivamente me rijo por el Código de Procedimiento, el Código Penal y de ahí no me muevo”, aseveró.
Asimismo, desmintió haber recibido presiones del poder político para direccionar o frenar la causa y aseguró que el equipo de trabajo contó con el respaldo y los recursos necesarios otorgados por la Fiscalía General para actuar de manera independiente.
Malestar por las inasistencias a la audiencia de formalización
La frustrada audiencia de formalización de la semana pasada dejó en evidencia la tensión entre el MPF y las defensas. Ante la inasistencia de dos de los principales señalados, los legisladores con fueros Sergio Uñac y Cristian Andino, Gómez consideró que no estaban dadas las condiciones para justificar sus ausencias, destacando que habían sido notificados con la debida anticipación.
“Ser citado al inicio de un proceso es una carga pública que tenemos todos los ciudadanos. Si estas personas entienden que no tuvieron nada que ver, no hay mejor momento para presentarse y aclararlo ante la Justicia». El fiscal remarcó que la Fiscalía apoyó la reprogramación de la audiencia para garantizar que los 11 imputados comparezcan de manera conjunta, protegiendo así el derecho de defensa y el principio de comunidad de la prueba.
Competencia provincial y plazos de resolución
Consultado sobre los planteos defensivos que buscan trasladar las actuaciones al fuero federal bajo el argumento del origen de los fondos de la obra, Gómez rechazó la postura. Argumentó que existen precedentes y jurisprudencia que avalan la competencia de la Justicia de San Juan, señalando además que la provincia se encuentra afrontando el repago de los créditos contraídos.
Finalmente, sobre la duración que podría demandar un trámite judicial de esta escala, el fiscal confió en los mecanismos del nuevo sistema procesal penal para evitar dilaciones indebidas: “Espero que no nos lleve 15 años llegar a una resolución. La intención de este Ministerio Público es llegar a la verdad de lo que pasó”.
La fijación de la nueva fecha de audiencia de formalización por parte de la Oficina Judicial será el paso determinante para que los 11 sospechados conozcan en detalle las imputaciones y la calificación legal asignada por la UFI Delitos Especiales.
