El exintendente de Capital y exministro de Gobierno aseguró que las denuncias sobre la emblemática obra lo sorprendieron y reclamó una revisión profunda de los organismos de control y la Justicia provincial.
El exintendente de la Capital y exministro de Gobierno durante la administración de Sergio Uñac, Emilio Baistrocchi, se refirió a las investigaciones que rodean al Acueducto Gran Tulum y dejó una de las posturas más críticas expresadas hasta el momento por un dirigente que integró el gobierno anterior.
En una entrevista en Radio Sarmiento, el exfuncionario reconoció que las denuncias vinculadas a la obra pública generaron sorpresa incluso dentro del propio espacio político. «Con lo del acueducto me he quedado sorprendido, porque creo que nadie lo imaginaba», manifestó al ser consultado sobre las irregularidades que se investigan.
Al abordar la posibilidad de que hayan existido hechos de corrupción durante la gestión pasada, Baistrocchi consideró que hubo decisiones equivocadas y sostuvo que la Justicia debe avanzar para determinar si existieron responsabilidades penales. «Claramente se hicieron mal las cosas y hay que investigar», expresó, aunque remarcó la necesidad de diferenciar entre errores administrativos y delitos.
El exjefe comunal también hizo referencia a los últimos meses del gobierno provincial anterior y cuestionó el incremento de la planta estatal. Según afirmó, luego de la derrota electoral decidió respetar los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero aseguró que en ese período se concretó el ingreso de alrededor de 5.000 personas al Estado.
Otro de los puntos sobre los que puso el foco fue el funcionamiento de los organismos de control y del sistema judicial sanjuanino. En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar una reforma institucional que contemple límites temporales para determinados cargos, modificaciones en la estructura del Ministerio Público y nuevos mecanismos de designación para algunas autoridades.
Finalmente, Baistrocchi también cuestionó la permanencia de personas con vínculos políticos en áreas sensibles del Estado, como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Justicia. Sus declaraciones vuelven a instalar el debate sobre los controles institucionales y las responsabilidades políticas en torno a las obras y contrataciones que hoy son objeto de investigación.
