La propuesta impulsada en Diputados pretende reemplazar el esquema de emergencias periódicas por un sistema permanente de financiamiento. La sanjuanina Nancy Picón explicó que el proyecto también contempla un calendario público de pagos y la actualización de los aranceles según la inflación.
El debate sobre el financiamiento y la atención de las personas con discapacidad tomó un nuevo rumbo en el Congreso de la Nación luego de las controversias generadas por las primeras versiones del proyecto de Presupuesto. Frente a ese escenario, distintos bloques avanzaron en una iniciativa específica destinada a establecer reglas permanentes para el funcionamiento del sistema.
La diputada nacional por San Juan Nancy Picón, del espacio Producción y Trabajo, brindó detalles en LV5 Radio Sarmiento sobre el proyecto denominado “Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, que fue elaborado a partir del trabajo conjunto entre sectores del oficialismo y bloques dialoguistas, entre ellos la UCR, el PRO y representantes provinciales.
Uno de los principales objetivos es dejar atrás el mecanismo de prórrogas de las leyes de emergencia. Según explicó Picón, la intención es que las prestaciones vinculadas con discapacidad queden contempladas de manera estable dentro de las partidas presupuestarias nacionales.
La legisladora sostuvo que una norma permanente permitiría que el financiamiento destinado al sector deje de depender de renovaciones periódicas. En ese sentido, planteó que los presupuestos nacionales deberían incluir un fondo específico para discapacidad con una asignación determinada.
Otro de los puntos centrales está relacionado con los prestadores. Profesionales, centros de atención, transportistas y otros actores del sistema enfrentan demoras en el cobro de sus servicios, una situación que, de acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, puede extenderse entre 90 y 120 días.
Ante esta problemática, la propuesta incorpora la obligación de establecer fechas de pago públicas y un cronograma que permita conocer cuándo serán canceladas las prestaciones. Picón señaló que los plazos deberían ubicarse dentro de un período razonable, estimado entre 30 y 40 días.
El proyecto también plantea modificaciones en materia de actualización de aranceles. La iniciativa propone mantener un nomenclador de valores universales y homogéneos y establecer un mecanismo de movilidad vinculado con la inflación, con el objetivo de evitar que la pérdida del poder adquisitivo afecte a quienes brindan las prestaciones.
Participación de familias y prestadores
Otro de los aspectos destacados por Picón fue el proceso de elaboración de la propuesta. Según explicó, el texto fue sometido a consideración de organismos provinciales vinculados con discapacidad, sectores sanitarios, familiares y prestadores.
La diputada sostuvo que la situación económica de quienes brindan servicios también repercute directamente sobre las familias de las personas con discapacidad. Cuando un profesional o una empresa de transporte deja de prestar un servicio por falta de pago, las consecuencias recaen sobre quienes necesitan esa asistencia.
En ese contexto, señaló que la iniciativa apunta a garantizar tres aspectos considerados centrales: previsibilidad, capacitación y acompañamiento.
El proyecto incorpora además la capacitación obligatoria para los trabajadores que intervienen en la atención y gestión de servicios destinados a personas con discapacidad, con el propósito de mejorar las herramientas disponibles y adecuar la asistencia a las distintas necesidades.
El camino del proyecto en Diputados
La elaboración de la iniciativa también estuvo atravesada por negociaciones entre diferentes sectores de la Cámara de Diputados. Picón afirmó que se realizaron reuniones periódicas para revisar el contenido y alcanzar acuerdos sobre los distintos puntos del texto.
De acuerdo con su relato, esos encuentros fueron encabezados por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. La legisladora explicó que la discusión cobró mayor intensidad luego de que trascendieran los primeros lineamientos del Presupuesto, que generaron cuestionamientos por el tratamiento previsto para determinadas partidas relacionadas con discapacidad.
La diputada también marcó diferencias con los sectores que plantean continuar utilizando la figura de la emergencia. Según su posición, el proyecto que impulsa junto a otros bloques busca establecer una solución estructural en lugar de recurrir a renovaciones periódicas.
Ahora, la iniciativa deberá atravesar el tratamiento en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto. Los bloques que trabajan en el texto aspiran a obtener un dictamen de mayoría y llevarlo al recinto entre la primera y la segunda semana de octubre.
