Una denuncia ante la UFI Delitos Especiales y un sumario administrativo buscan esclarecer qué ocurrió con el armamento comprado en 2022. La investigación se activó tras detectarse inconsistencias en los registros y apunta a determinar posibles responsabilidades dentro de la fuerza.
La desaparición de armamento reglamentario de la Policía de San Juan derivó en una investigación judicial y en un procedimiento administrativo interno que alcanza a alrededor de 25 efectivos. El subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, confirmó en Radio Sarmiento que el caso fue denunciado ante la UFI Delitos Especiales y que la documentación reunida durante el relevamiento ya está a disposición de los investigadores.
El expediente se originó a partir de irregularidades detectadas en los registros de las armas que forman parte del patrimonio de la institución. Según las estimaciones difundidas hasta el momento, el faltante podría rondar las 150 pistolas, aunque la cantidad definitiva deberá establecerse a partir del análisis de los inventarios y de las medidas que disponga la Justicia.
El armamento bajo revisión corresponde a una adquisición realizada en agosto de 2022, cuando la fuerza incorporó un lote de aproximadamente 500 unidades. La revisión de ese material busca reconstruir el recorrido de cada arma, verificar su asignación y determinar en qué momento dejaron de estar localizables.
Una investigación que avanza en dos frentes
Villavicencio explicó que, una vez detectadas las inconsistencias, se presentó la denuncia penal y se puso en marcha una investigación administrativa paralela. Ambos procedimientos tienen como objetivo esclarecer los hechos y establecer si existieron fallas en los mecanismos de control o conductas individuales que pudieran derivar en sanciones.
El sumario todavía se encuentra en una etapa preliminar y fue iniciado contra personal a determinar. Dentro de ese proceso, unos 25 efectivos que prestaron servicios en la División Armamento desde la época de la compra fueron notificados de que están bajo investigación.
La medida busca abarcar a quienes tuvieron participación en la dependencia durante el período analizado, para reconstruir la cadena de custodia y establecer quiénes intervinieron en la recepción, el registro, la distribución y el resguardo de las pistolas. La inclusión en el procedimiento administrativo no implica, por sí misma, que los agentes hayan cometido una irregularidad.
El origen del caso y las dudas sobre la trazabilidad
La situación tomó estado público luego de que se conociera que una pistola que debía pertenecer a la Policía sanjuanina apareció vinculada a una investigación judicial desarrollada en otra provincia. El requerimiento recibido por las autoridades locales motivó una revisión más amplia del armamento para comprobar dónde se encontraba la unidad señalada.
Durante las primeras etapas del relevamiento, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, había advertido que no era posible confirmar oficialmente la existencia de 150 armas faltantes. Sin embargo, posteriormente explicó que la auditoría permitió establecer que había más de una unidad sin localizar y que los resultados habían sido remitidos al Ministerio Público Fiscal.
Los antecedentes del caso también incluyen la revisión de los registros de ingreso y asignación del armamento, herramientas que deberían permitir identificar las dependencias a las que fueron destinadas las armas y los efectivos responsables de su utilización o custodia.
Por el momento, no se determinó públicamente si las unidades desaparecieron por un robo, una pérdida, una falla de registración u otra circunstancia. Esa es una de las principales cuestiones que deberán esclarecer las actuaciones judiciales.
El valor económico, otra incógnita
Además de establecer cuántas armas faltan y qué ocurrió con ellas, los investigadores deberán determinar el eventual perjuicio económico. Villavicencio señaló que calcular el monto requiere un análisis específico, debido a que el material integra una compra mayor efectuada en 2022.
La valuación podría considerar el costo original de adquisición o una actualización de los valores, por lo que todavía no existe una cifra definitiva sobre el impacto patrimonial.
Mientras avanza la causa, el área de Control de Gestión puso a disposición de la Justicia los antecedentes documentales y técnicos obtenidos durante el relevamiento. El objetivo es precisar las circunstancias del faltante y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder, tanto en el ámbito administrativo como en el penal.
