El Poder Judicial adapta su estructura tras la entrada en vigencia del régimen penal juvenil. Se proyecta un nuevo Código Procesal y se reabre el debate sobre imputabilidad y transparencia.
A poco más de dos meses de la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil, el Poder Judicial de San Juan avanza en un proceso de adecuación institucional para responder a las exigencias que introduce la reciente normativa.
El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, explicó en Radio Sarmiento que uno de los principales cambios en estudio es la transición hacia un modelo acusatorio específico para adolescentes, dejando atrás el esquema inquisitivo que aún se aplica en este fuero.
En ese sentido, confirmó que se encuentra en elaboración un proyecto de Código Procesal Penal Acusatorio Juvenil, con el objetivo de modernizar el funcionamiento del sistema y adecuarlo a los nuevos estándares legales.
El magistrado detalló además que la implementación del nuevo régimen implicará reforzar el recurso humano, incorporando jueces, fiscales y asesores letrados con formación especializada en justicia penal juvenil.
En paralelo, se refirió al debate público en torno a la baja de la edad de imputabilidad. Sostuvo que, en su criterio, los adolescentes a partir de los 14 años tienen capacidad para distinguir entre conductas correctas e incorrectas, aunque remarcó que deben ser abordados dentro de un sistema diferenciado del de los adultos y con acompañamiento profesional.
También destacó el funcionamiento de los programas de justicia restaurativa que se aplican en la provincia, orientados a la reinserción social de jóvenes en conflicto con la ley penal. Según datos del Poder Judicial, estas iniciativas registran niveles de recuperación que se ubican entre el 17% y el 20%, especialmente en casos con intervención interdisciplinaria y seguimiento continuo.
Por último, planteó que uno de los debates pendientes dentro del nuevo esquema será la tensión entre el principio de publicidad de los procesos judiciales y la protección de la identidad de los menores involucrados. En ese punto, subrayó que la transparencia es fundamental en un sistema democrático, aunque debe equilibrarse con la protección de los derechos de niños y adolescentes.
