Fiscalía de Estado avanzó con ejecuciones judiciales contra entidades que mantenían deudas por prestaciones médicas. Ya se cobraron unos $815 millones y preparan un nuevo lote de reclamos.
La Provincia de San Juan logró recuperar alrededor de $815 millones que distintas obras sociales adeudaban por la atención de pacientes con cobertura médica en hospitales públicos. El cobro se concretó a partir de las acciones impulsadas por Fiscalía de Estado, que comenzó a ejecutar judicialmente las deudas que no fueron canceladas durante la instancia administrativa.
El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, explicó en Radio Sarmiento que los reclamos fueron organizados en diferentes grupos. El primero contempló obligaciones por aproximadamente $790 millones, de los cuales unos $615 millones ya fueron recuperados o se encuentran en proceso de pago.
El segundo lote comenzó a tramitarse entre mayo y junio de este año e incluye una deuda cercana a los $900 millones. De ese monto, alrededor de $200 millones ya fueron cobrados. Con ambos procesos, el recupero provincial alcanzó los $815 millones y Fiscalía de Estado trabaja actualmente en la preparación de un tercer grupo de ejecuciones.
El camino antes de llegar a la Justicia
El procedimiento no comienza directamente con una demanda judicial. Primero, los hospitales y centros sanitarios elaboran la documentación que acredita las prestaciones realizadas y que quedaron impagas. Luego se determina el monto correspondiente y se presenta una preliquidación a cada obra social.
En esa instancia, las entidades tienen la posibilidad de revisar los valores reclamados, realizar observaciones o plantear diferencias con el objetivo de alcanzar un acuerdo y cancelar la deuda.
Cuando esa etapa administrativa se agota sin resultados, interviene Fiscalía de Estado. Una vez establecido formalmente el monto adeudado, el organismo inicia las acciones judiciales para intentar obtener el pago.
Embargos para garantizar el cobro
Dentro de las herramientas utilizadas por la Provincia se encuentran los embargos preventivos, destinados a resguardar los fondos mientras se desarrolla el proceso judicial.
La medida permite que, mediante una orden judicial, el dinero disponible en las cuentas de las obras sociales pueda ser transferido a una cuenta judicial vinculada al expediente. Los fondos permanecen allí hasta que se resuelvan las cuestiones planteadas en la causa.
Dávila señaló que algunas entidades presentan recursos o excepciones ante la Justicia, aunque destacó que hasta el momento los resultados obtenidos por la Provincia fueron satisfactorios.
Un sistema de recupero que comenzó en 2024
La estrategia tiene su origen en los cambios introducidos en el mecanismo de recupero de costos de la salud pública durante 2024. A partir de las nuevas disposiciones, San Juan implementó un sistema que permite facturar a las obras sociales las prestaciones brindadas a sus afiliados en hospitales estatales.
Para ello se creó el Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud y se estableció un nuevo nomenclador para determinar el valor de las prácticas realizadas. La aplicación efectiva del sistema comenzó hacia fines de 2024.
En marzo de este año, el Gobierno provincial había informado que existía una deuda cercana a los $800 millones, correspondiente a prestaciones efectuadas en diciembre de 2024. Sin embargo, las ejecuciones posteriores elevaron el monto involucrado: los dos primeros lotes alcanzaron en conjunto unos $1.690 millones.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es evitar que el sistema público termine absorbiendo con recursos propios los gastos generados por pacientes que cuentan con cobertura médica. Los fondos recuperados permiten, además, fortalecer las finanzas de los hospitales y centros de salud.
El proceso continuará durante los próximos meses con un tercer lote de ejecuciones, mientras Fiscalía de Estado mantiene abiertos los reclamos contra las obras sociales que aún no hayan regularizado sus obligaciones.
