Desde la UNSJ señalaron que las medidas alivian la situación, aunque consideran insuficiente la recuperación frente a las pérdidas acumuladas.
Luego de varios meses de conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional por la falta de financiamiento, este miércoles se alcanzó un acuerdo que contempla mejoras salariales para docentes y no docentes, una actualización de las partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio y refuerzos para programas de asistencia estudiantil.
Desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), el secretario Administrativo Financiero, Ricardo Coca, destacó en Radio Sarmiento que el entendimiento representa un paso positivo, aunque aclaró que está lejos de solucionar los problemas que atraviesa el sistema universitario.
El funcionario sostuvo que el resultado fue posible gracias a la presión ejercida por la comunidad universitaria a través de las movilizaciones y los reclamos sostenidos durante los últimos meses. Entre los aspectos más relevantes del acuerdo mencionó la reactivación de las negociaciones salariales y la implementación de revisiones periódicas para evitar un mayor deterioro de los ingresos de los trabajadores.
La recomposición salarial contempla una actualización del 21,33% a partir de junio, con impacto en el aguinaldo, y una nueva mejora prevista para octubre. Según explicó Coca, tras la aplicación de estos incrementos, el salario más alto dentro de la universidad rondará los 1,8 millones de pesos, mientras que las categorías iniciales percibirán alrededor de 600 mil pesos.
Sin embargo, remarcó que la recuperación sigue siendo insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo registrada en los últimos meses. En ese sentido, recordó que numerosos docentes y trabajadores universitarios llegaron a ubicarse por debajo de la línea de pobreza debido al atraso salarial.
En materia presupuestaria, el acuerdo también prevé una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades. En el caso de la UNSJ, esto se traducirá en aproximadamente 140 millones de pesos adicionales por mes, sobre una asignación que actualmente ronda los 700 millones.
Coca reconoció que esos recursos permitirán afrontar con mayor tranquilidad el incremento de los costos operativos, especialmente los vinculados a servicios esenciales. No obstante, advirtió que las restricciones presupuestarias continuarán y que las universidades seguirán limitadas a la hora de realizar inversiones, incorporar equipamiento o concretar mejoras en infraestructura.
El acuerdo también incluye un incremento del 50% en las Becas Belgrano y medidas específicas para fortalecer el funcionamiento de los hospitales universitarios.
Pese a los avances, el funcionario reiteró que la expectativa de las universidades era que se cumpliera plenamente la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, insistió en que el Estado nacional cuenta con herramientas para garantizar los recursos necesarios para el sistema educativo superior y advirtió que, de no consolidarse una recuperación sostenida del presupuesto, podrían verse afectadas tanto las condiciones de enseñanza como la calidad de la formación académica.
Además, Coca vinculó la desaceleración de la inflación con la pérdida del poder adquisitivo de la población y señaló que la mejora de algunos indicadores macroeconómicos no necesariamente se traduce en una mejora de las condiciones de vida. Según afirmó, la reducción del consumo y el aumento de los costos de servicios están generando un escenario complejo para amplios sectores de la sociedad.
En ese contexto, sostuvo que el acuerdo alcanzado constituye un alivio para las universidades, pero insistió en que todavía queda un largo recorrido para recomponer los recursos y salarios afectados durante los últimos años.
