El fallo judicial impuso una multa de $600.000 al responsable de una agresión, pero el dinero será destinado a la Justicia de Paz y a la Comisaría, nada de ese dinero será para la víctima.
El delegado del Sindicato de Empleados Públicos en Zonda, Ángel Varela, volvió a quedar en el foco de la escena tras un episodio judicial vinculado a una agresión sufrida en medio de un conflicto laboral. Según Radio Sarmiento, la situación se originó luego de sus denuncias por supuestas irregularidades dentro del municipio, lo que generó un clima de creciente tensión.
Según lo dispuesto por el Juzgado de Paz local, en el marco de una causa contravencional, el ciudadano Marcos Lorenzo Ontiveros fue considerado responsable de infringir normas establecidas en la Ley 941-R. Como consecuencia, la Justicia determinó una sanción económica equivalente a 300 Jus, lo que actualmente asciende a $600.000.
No obstante, la resolución generó controversia debido al destino del dinero. Lejos de representar una compensación para la persona agredida, el monto será distribuido en partes iguales entre la Dirección General de Rentas y la Policía de San Juan, tal como lo establece el régimen vigente.
Frente a esta situación, Varela manifestó su malestar al señalar que, pese a haber sido la víctima del hecho, no recibirá ningún tipo de indemnización. El dirigente cuestionó el alcance del Código de Faltas, que contempla sanciones de carácter administrativo sin contemplar una reparación directa para quienes padecen las consecuencias.
El episodio se inscribe en un contexto de fuertes disputas en el departamento de Zonda, donde las denuncias del gremialista sobre presuntos empleados que no cumplirían funciones derivaron en enfrentamientos que escalaron hasta la violencia.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: las multas contravencionales buscan castigar conductas, pero no reparar daños. Para acceder a una compensación económica, la víctima debe recurrir a una vía judicial distinta, mediante una demanda civil por perjuicios.
En este escenario, el conflicto suma un nuevo capítulo que combina tensiones sindicales, repercusiones políticas y definiciones judiciales que no logran satisfacer plenamente a quienes resultan afectados.
