El gobierno provincial avanza con una ley para transformar el transporte y consolidar una red de carga en todo el territorio. La iniciativa suma nuevos incentivos fiscales y energéticos, y refuerza el rol clave del cobre en la economía local.
San Juan imagina un cambio profundo en su sistema de movilidad: un escenario en el que entre el 40% y el 50% de los vehículos en circulación sean eléctricos o híbridos, respaldados por una infraestructura que garantice al menos un punto de carga rápida en cada departamento. En ese contexto, moverse por la provincia sería tan sencillo como hoy lo es cargar combustible, aunque con costos considerablemente más bajos y sin impacto ambiental.
Según Radio Sarmiento, este objetivo forma parte de la agenda del gobernador Marcelo Orrego, quien anunció recientemente el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Electromovilidad. La iniciativa apunta a insertar a San Juan en la transición energética global, aprovechando su potencial en energía solar y su rol como productor de cobre. Para avanzar en esta dirección, organismos como EPSE, el EPRE y la Dirección de Recursos Energéticos trabajan en el diseño de los lineamientos principales.
Uno de los aspectos centrales del plan es el desarrollo de infraestructura de carga. Desde EPSE destacan que la clave para impulsar el uso masivo de vehículos eléctricos es garantizar primero una red eficiente de abastecimiento energético. En ese sentido, se evalúan incentivos fiscales junto con soluciones técnicas que permitan implementar estaciones de carga rápida, capaces de reducir significativamente los tiempos de recarga frente a los sistemas domésticos.
El factor económico aparece como uno de los principales motores del cambio. Según estimaciones oficiales, el costo de operar un vehículo eléctrico es notablemente inferior al de uno convencional. Los cálculos muestran que recorrer un kilómetro puede ser hasta tres veces y media más barato con energía eléctrica que con combustibles tradicionales, lo que representa un ahorro significativo a lo largo de la vida útil del vehículo.
Si bien el precio inicial de estos autos sigue siendo más elevado, las autoridades sostienen que los beneficios en mantenimiento y consumo compensan esa diferencia con el tiempo. En este sentido, la futura ley contempla un esquema más amplio de incentivos para acelerar su adopción. Entre las medidas en análisis figuran exenciones en el impuesto a los Ingresos Brutos y beneficios en el impuesto de sellos, en línea con políticas aplicadas a las energías renovables. Además, se busca consolidar ventajas ya vigentes, como el arancel cero para la importación de unidades eléctricas y la exención del pago de patentes, con la posibilidad de extender este último beneficio durante toda la vida útil del vehículo.
Otro punto clave de la estrategia es la reducción de los costos operativos mediante políticas energéticas específicas. Se analiza la posibilidad de subsidiar o incluso establecer en valor cero el costo de la energía destinada a la carga de vehículos eléctricos durante un período inicial de cinco años. La propuesta se apoya en el bajo impacto que este consumo tendría en el sistema eléctrico provincial, pero con un efecto significativo en el bolsillo de los usuarios, reforzando la competitividad frente a los combustibles tradicionales.
En paralelo, también se estudian normativas que obliguen o incentiven a las estaciones de servicio convencionales a incorporar puntos de carga rápida. La meta es asegurar que la infraestructura acompañe el crecimiento del parque automotor eléctrico y convierta esta alternativa en una opción concreta y accesible en todo el territorio.
La provincia cuenta además con experiencias previas, como pruebas piloto de colectivos eléctricos y la instalación de puntos de carga en distintos espacios, desde organismos públicos hasta concesionarios y ámbitos académicos. Estas iniciativas funcionan como base para un despliegue más amplio en el futuro.
El impulso a la electromovilidad está estrechamente vinculado con la actividad minera, especialmente con el cobre, un insumo esencial en la fabricación de vehículos eléctricos. Este tipo de tecnología demanda una cantidad considerablemente mayor de este metal, lo que posiciona a San Juan como un actor relevante en la cadena de suministro global.
En este marco, el gobierno no descarta avanzar hacia acuerdos con fabricantes automotrices que permitan desarrollar una industria local, ya sea mediante el ensamblaje de unidades o la producción de componentes. La combinación de recursos naturales, energía renovable y políticas públicas podría abrir nuevas oportunidades para la provincia en un mercado en expansión, acercando cada vez más la posibilidad de que la movilidad eléctrica deje de ser una proyección y se convierta en una realidad cotidiana.
