La especialista advirtió que el texto de la iniciativa “introduce cambios normativos importantes en la relación entre empleador y empleado, modificando aspectos esenciales de los contratos de trabajo, como vacaciones, indemnizaciones y formas de pago”.
Mientras el Ejecutivo nacional avanza con la intención de aprobar a comienzos del año próximo la denominada Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, profesionales del derecho laboral comenzaron a advertir sobre el posible impacto que podría tener en los trabajadores. Entre ellos, la abogada sanjuanina Gabriela Ramos sostuvo que, “con la información que tenemos sobre la mesa, se puede entender que el derecho constitucional y laboral se ve afectado por este proyecto y que es perjudicial para el trabajador”.
La especialista advirtió que el texto de la iniciativa “introduce cambios normativos importantes en la relación entre empleador y empleado, modificando aspectos esenciales de los contratos de trabajo, como vacaciones, indemnizaciones y formas de pago”.
Uno de los puntos que generó mayor preocupación, según Ramos, es la posibilidad de fraccionar las vacaciones. Actualmente, la ley establece que deben tomarse entre octubre y abril, pero con la reforma “se habilita al empleador a dividirlas y otorgarlas en cualquier momento del año, lo que resulta muy perjudicial para el trabajador”, explicó.
Otro aspecto cuestionado es la propuesta de pagar indemnizaciones en 12 cuotas y la habilitación del pago en especie, mediante tickets o vales. Para la abogada, “estas pautas son totalmente regresivas, porque ponen en riesgo el poder adquisitivo y la estabilidad económica del empleado”.
Ramos reconoció que la legislación laboral vigente data de 1974 y que una actualización es necesaria, pero enfatizó que “cualquier reforma debe tener como eje la protección del trabajador y no la flexibilización de derechos”.
Los puntos clave del proyecto
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Romina Diez, con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques, y busca —según su texto— “modernizar la legislación laboral y promover el empleo”. El proyecto, que retoma lineamientos de la llamada Ley Bases, propone:
- Ampliar la jornada laboral y flexibilizar convenios colectivos.
- Modificar artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo el principio de irrenunciabilidad.
- Otorgar mayor facultad al empleador para modificar modalidades laborales.
- Redefinir los beneficios sociales, como almuerzos, útiles escolares o conectividad, considerándolos no remunerativos.
- Permitir vacaciones fraccionadas, con la obligación de que el trabajador tenga al menos un período en verano cada dos años.
- Facilitar pagos electrónicos o en especie, e incluso instrumentar recibos digitales.
- Limitar los intereses en juicios laborales y habilitar indemnizaciones en hasta 12 cuotas para micro, pequeñas y medianas empresas.
- Crear incentivos fiscales para nuevas contrataciones mediante bonos de crédito fiscal.
La iniciativa también establece nuevos procedimientos para verificar certificados médicos y redefine las condiciones de conservación del empleo durante enfermedades prolongadas.
Para Ramos, sin embargo, el enfoque del proyecto se aleja del espíritu protector del derecho laboral. “La actualización normativa debe acompañar los cambios del mundo del trabajo, pero sin retroceder en materia de derechos conquistados”, concluyó.
