El Fiscal General de la Corte explicó que la nueva resolución busca ordenar la difusión de información en causas sensibles y garantizar igualdad entre los medios. Aseguró que no hay restricciones al trabajo periodístico ni cambios en el acceso cotidiano a la información.
El Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, salió al cruce de las críticas y aclaró el alcance del nuevo protocolo que regula la comunicación entre el Ministerio Público Fiscal y los medios de prensa. En declaraciones radiales, rechazó de manera enfática las interpretaciones que señalaban la existencia de censura o un retroceso en el acceso a la información pública.
Según explicó en Radio Sarmiento, la iniciativa no introduce restricciones, sino que formaliza y ordena prácticas de comunicación que ya se venían realizando. En ese sentido, sostuvo que el objetivo es “institucionalizar y sistematizar” el modo en que se difunden los datos vinculados a causas judiciales de alto impacto, ahora con criterios establecidos por escrito.
El funcionario detalló que uno de los ejes centrales del protocolo es la incorporación de una oficina técnica de comunicación, integrada por especialistas, que asistirá a los fiscales. Esa estructura tendrá como función mejorar la claridad, coherencia y precisión de los mensajes difundidos en investigaciones relevantes, siempre dentro del marco legal.
Otro punto clave es la garantía de igualdad en el acceso a la información. Baigorrí remarcó que se busca evitar filtraciones parciales o comunicaciones desiguales entre distintos medios, asegurando que todos los periodistas reciban los datos relevantes en las mismas condiciones.
También defendió la necesidad de optimizar el trabajo de los fiscales, al considerar que la atención permanente y personalizada a los medios puede interferir en el avance de las investigaciones. En ese marco, aclaró que el contacto directo no se elimina, pero sí se ordena en función de la relevancia de la información.
Asimismo, diferenció entre información secundaria —que podrá seguir circulando por los canales habituales— y aquella de carácter trascendente, que será comunicada de manera más estructurada. En ese punto, subrayó que no existe ninguna prohibición al trato con la prensa, sino criterios organizativos.
Como ejemplo de los riesgos de la difusión apresurada de datos, mencionó episodios de errores informativos en causas judiciales recientes, que generaron confusión pública. Según indicó, este tipo de situaciones busca evitarse con la nueva normativa.
Finalmente, aseguró que las herramientas habituales de comunicación, como los partes diarios o las conferencias de prensa, continuarán funcionando sin cambios. “No hay ninguna restricción a la libertad de expresión ni al derecho a la información”, afirmó, al remarcar que los fiscales seguirán siendo quienes definan qué información puede difundirse y en qué momento, según el estado de cada causa.
