El juez de Niñez y Adolescencia de San Juan cuestionó la falta de definiciones sobre recursos y figuras previstas en el nuevo esquema. Sostuvo que la educación, la revinculación escolar y el abordaje de las adicciones serán claves para evitar que los institutos se llenen por delitos menores.
A pocos días de que comience a regir el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece los 14 años como edad de imputabilidad, el juez penal de Niñez y Adolescencia de San Juan, Jorge Toro, puso el foco en los desafíos que deberá afrontar la provincia para aplicar la normativa. El magistrado advirtió que modificar la edad a partir de la cual un adolescente puede ser responsabilizado penalmente no será suficiente si el Estado no desarrolla políticas de acompañamiento y contención.
Para Toro, el objetivo central del nuevo esquema debe estar puesto en la resocialización y la reinserción, mientras que la privación de la libertad debería utilizarse solamente cuando no existan otras alternativas. En ese sentido, remarcó en Lv5 Radio Sarmiento que el sistema necesita medidas que permitan intervenir antes de llegar al encierro, especialmente en situaciones vinculadas con el consumo problemático, la deserción escolar y los conflictos familiares.
Uno de los interrogantes planteados por el magistrado está relacionado con la capacidad de la estructura provincial para afrontar las nuevas exigencias. San Juan deberá adecuar procedimientos y organismos a un modelo penal juvenil diferente, mientras persisten estructuras de un sistema anterior. Toro también señaló que no tiene certezas sobre si el Instituto Nazario Benavídez cuenta actualmente con las condiciones necesarias para recibir adolescentes de 14 y 15 años, ni si existe infraestructura adecuada para alojar a mujeres.
El acompañamiento, una pieza clave
El juez hizo especial hincapié en las denominadas medidas complementarias, que deberían permitir que los adolescentes cumplan determinadas intervenciones sin necesidad de ser privados de su libertad. Entre ellas aparecen el tratamiento de consumos problemáticos, la recuperación del vínculo con la escuela y el seguimiento personalizado.
En este punto, Toro marcó una de las principales preocupaciones: la figura del tutor o supervisor encargada de acompañar al adolescente durante ese proceso todavía no tendría una implementación claramente definida. Para el magistrado, contar con estos recursos será determinante para que las medidas alternativas funcionen y no queden reducidas a una declaración de principios.
El temor a que el encierro sea la única respuesta
Toro también puso sobre la mesa el riesgo de que, ante la falta de herramientas preventivas y socioeducativas, la Justicia termine recurriendo a la institucionalización como respuesta habitual. Según explicó, existe un grupo reducido de adolescentes que concentra buena parte de las situaciones más complejas, atravesadas por consumos, abandono escolar y entornos familiares deteriorados.
El juez sostuvo que la mayoría de los jóvenes que atraviesan un primer conflicto con la ley penal no reincide, mientras que el desafío se concentra en aquellos casos más persistentes y complejos. Para ese sector, consideró necesario implementar estrategias específicas y sostenidas.
En ese marco, expresó su preocupación por la posibilidad de que el nuevo sistema termine utilizando el encierro para resolver delitos de menor gravedad. Toro advirtió que una eventual saturación de los institutos podría repetir modelos del pasado en los que la institucionalización, lejos de solucionar las causas del delito, terminaba profundizando las situaciones de vulnerabilidad.
La provincia, ante el desafío de adaptar el sistema
Respecto de la preparación de San Juan para la entrada en vigencia del régimen, el magistrado evitó afirmar que la estructura actual esté plenamente preparada. Señaló que el funcionamiento efectivo dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno provincial y de los recursos que se destinen para poner en marcha las distintas herramientas previstas por la normativa.
Para Toro, el cambio de régimen representa una oportunidad para avanzar hacia una respuesta penal diferente, pero su resultado estará condicionado por la capacidad del Estado para intervenir sobre las causas que llevan a los adolescentes a delinquir.
Finalmente, el juez aclaró que la nueva normativa no se aplicará de manera retroactiva. La regla general será tomar como referencia la legislación vigente al momento en que se produjo el hecho. Por lo tanto, los delitos cometidos antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen quedarán alcanzados por las disposiciones anteriores, salvo aquellos casos en los que la nueva normativa resulte más favorable para el acusado.
