Durante los próximos 24 meses se desarrollará una transición normativa que incluye la modificación de reglamentos vigentes desde 1992.
El Gobierno nacional puso en marcha una transformación estructural del sistema eléctrico argentino mediante el decreto 450/25, que reglamenta la desregulación del mercado y redefine sus principales organismos. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita la contratación libre entre privados, promueve la competencia en generación y comercialización, y permite que grandes usuarios elijan proveedor.
Durante los próximos 24 meses se desarrollará una transición normativa que incluye la modificación de reglamentos vigentes desde 1992. La Secretaría de Energía deberá garantizar un proceso ordenado, diseñar nuevos mecanismos de remuneración, asegurar el cobro de contratos y fomentar la eficiencia en el abastecimiento de combustibles. Uno de los ejes será la desconcentración del mercado y la prevención de posiciones dominantes.
El decreto también reestructura las funciones de organismos como CAMMESA, el Consejo Federal de Energía Eléctrica (CFEE) y el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. Se iniciará una transferencia progresiva de contratos a distribuidores y grandes usuarios, y se facilitará la libre compra de combustibles por parte de las generadoras. La intención es fomentar la inversión privada en transporte y distribución con reglas más claras.
Al respecto, José María Ginestar, director de Recursos Energéticos de San Juan explicó que esta nueva normativa mantiene el esquema de servicio público pero se agregan nuevos conceptos sobre cómo entender ese servicio público. «De esta manera, el EPSE ahora puede venderle energía a Naturgy y por el tema cercanía, la empresa compra la electricidad a precio más barato, por lo que habría impacto positivo en el bolsillo de los usuarios. Al ser costos más bajo, las tarifas deberían ser baratas. Hoy las tarifas están pisadas.»
Según explicó el funcionario, la normativa indica que la compra de Naturgy de electricidad a EPSE debería ser en un 75% de la compra debería ser al precio mayorista y el 25% restante el monto ya puede ser negociado entre los privados. Esto quiere decir que no ha quedado liberado en su totalidad el mercado, sino solo el 25%. «Si hablamos de desventaja San Juan corre con una en materia de línea eléctrica, es decir definir quién viene a invertir en el transporte de energía. En este sentido el más claro cliente podría ser las empresas mineras como principal inversor privado, aunque siempre el Estado intentará estar en medio de ese servicio para garantizar que se llegue a toda la población en general y no solo a sectores».
