“Es una ley que no viene a alambrar una provincia, sino a fomentar la sana competencia”, subrayó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.
El ministro de Minería de San Juan, confirmó que la provincia avanza en la elaboración de un proyecto de ley que busca fortalecer la participación de proveedores y trabajadores locales en la actividad minera, aunque aclaró que la iniciativa va mucho más allá de una tradicional “ley de proveedores”.
En el marco del reciente impulso minero que experimenta Mendoza, el ministro Juan Pablo Perea destacó la disposición de San Juan a colaborar con su experiencia de más de dos décadas en el sector. En ese contexto, explicó que la norma en desarrollo apunta a convertirse en una verdadera herramienta de desarrollo comunitario y fomento del empleo local, sin afectar la competitividad ni el clima de inversiones.
“Es una ley que no viene a alambrar una provincia, sino a fomentar la sana competencia”, subrayó Perea. Según detalló, el proyecto no establece cupos obligatorios rígidos, sino que fija objetivos claros para incentivar la incorporación de bienes, servicios y mano de obra sanjuanina en la cadena de valor minera.
El ministro remarcó que el texto legal “no habla de cupos, sino de objetivos”, y anticipó que más adelante se brindarán precisiones sobre los mecanismos concretos que prevé la iniciativa.
De acuerdo con Perea, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada. “En gran parte está listo”, afirmó, al tiempo que señaló que los equipos técnicos ya han trabajado en su redacción y que el gobernador está al tanto de la propuesta. No obstante, resta su presentación formal y la revisión de la redacción de uno o dos artículos para garantizar mayor claridad y consenso.
En cuanto al calendario legislativo, el funcionario reconoció que la intención original era tratar la ley durante el presente año, pero otros temas prioritarios desplazaron su debate. Entre ellos mencionó la ley aclaratoria de glaciares, en la que San Juan tuvo un rol activo, y los preparativos para el inicio de la producción del proyecto Hualilán.
Con el cierre del actual período legislativo, la posibilidad de sancionar la norma en 2025 quedó descartada. Sin embargo, Perea evitó precisar una fecha concreta y dejó abierta la chance de que el tratamiento avance en 2026, una vez finalizados los ajustes pendientes.
La iniciativa se inscribe dentro de una política minera más amplia impulsada por el ministerio en los últimos años, enfocada en otorgar mayor transparencia y agilidad a los inversores, como ocurrió con la digitalización del catastro minero, y en reforzar la cooperación entre provincias.
En ese sentido, el ministro destacó el rol del Consejo Federal de Minería (Cofemin) como ámbito para compartir experiencias y marcos normativos. San Juan, afirmó, está dispuesta a poner a disposición sus avances procedimentales de cara a provincias como Mendoza, que recientemente decidió profundizar su apuesta por la actividad minera.
El proyecto de ley sobre desarrollo de comunidades y empleo local representa un paso relevante en la evolución de la política minera sanjuanina. La propuesta busca dejar atrás un esquema centrado exclusivamente en la extracción de recursos y avanzar hacia un modelo que integre a las economías locales, promueva cadenas de valor sostenibles y genere oportunidades concretas para los habitantes de la provincia.
Con esta iniciativa, San Juan no solo reafirma su liderazgo minero a nivel nacional, sino que también propone una visión de la industria como motor de desarrollo regional inclusivo y de largo plazo.
