El fiscal general confirmó que se trabaja en un nuevo mecanismo de evaluación para ascensos dentro del Ministerio Público. La iniciativa comenzaría a aplicarse en el segundo semestre y, por ahora, alcanzará solo al ámbito de la Fiscalía.
El fiscal general del Estado, Guillermo Baigorrí, anunció en Radio Sarmiento que avanza la elaboración de un sistema destinado a garantizar que los ascensos en el ámbito judicial respondan exclusivamente al mérito y no a vínculos personales o criterios discrecionales.
Según explicó el funcionario, el objetivo es erradicar prácticas asociadas al amiguismo y establecer reglas claras para la promoción interna. En ese sentido, remarcó la necesidad de implementar un mecanismo de selección que contemple la capacidad, el desempeño y la formación de cada postulante, más allá de la antigüedad en el cargo.
Baigorrí sostuvo que el diseño del nuevo esquema ya está en marcha y que incluirá instancias de evaluación para todos aquellos que aspiren a progresar en la carrera judicial. “El ascenso no debe depender únicamente del tiempo de servicio, sino de un plan de méritos debidamente establecido”, expresó, al tiempo que enfatizó que el apellido o las relaciones personales no deberían incidir en las decisiones.
El titular del Ministerio Público indicó además que mantuvo reuniones con distintos actores del ámbito judicial para presentar la propuesta y recoger opiniones. La intención es que el sistema pueda comenzar a discutirse formalmente cuando se habiliten los próximos procesos de ascenso, previstos para el segundo semestre del año.
En una primera etapa, la iniciativa se aplicará exclusivamente dentro de la Fiscalía y no alcanzará a la Corte de Justicia. No obstante, el fiscal general dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, el modelo pueda extenderse a otros sectores del Poder Judicial.
El sistema penal acusatorio en San Juan muestra resultados: más causas, procesos más rápidos y un rol clave del fiscal
En el marco de un nuevo aniversario del Sistema Penal Acusatorio en San Juan, vigente desde 2021, el fiscal general de la Corte realizó un balance positivo del funcionamiento del modelo y remarcó los cambios estructurales que introdujo en la administración de justicia provincial.
El funcionario sostuvo que la implementación significó una transformación profunda en la dinámica de investigación y juzgamiento de los delitos. Según explicó, el nuevo esquema permitió avanzar hacia un sistema más ágil y eficiente, dejando atrás —según sus palabras— una etapa prolongada de “garantismo para el delincuente”.
Baigorrí recordó que el proceso de cambio comenzó con una experiencia piloto impulsada por el entonces fiscal general Eduardo Quattropani, centrada en casos de flagrancia. Aquella etapa inicial derivó luego en la aplicación integral del sistema acusatorio, que terminó de abarcar todas las áreas judiciales en 2024.
Uno de los principales cambios radica en la redefinición de funciones: ahora es el fiscal quien conduce las investigaciones y establece las directivas de cada causa, mientras que el juez asume el rol de resolver y dictar sentencia. Este nuevo esquema, afirmó, permitió acortar significativamente los plazos procesales, brindar mayor contención a las víctimas y ampliar la cantidad de casos abordados.
De acuerdo con el balance oficial, la cantidad de causas con tratamiento judicial se duplicó e incluso triplicó en comparación con el sistema anterior, que —según se indicó— carecía de infraestructura adecuada. Además, los tiempos de resolución se redujeron hasta tres veces, producto de una reorganización interna y de la incorporación de herramientas tecnológicas que fortalecieron el trabajo judicial.
No obstante, Baigorrí reconoció que aún existen desafíos pendientes. Entre ellos, mencionó la necesidad de sumar más recursos tecnológicos para mejorar la investigación de delitos complejos, como las estafas.
Finalmente, el fiscal general consideró que la etapa actual exige aplicar la ley con firmeza y sin distinciones. “Es momento de cumplir la ley tal como está establecida”, expresó, al tiempo que evitó encuadrar esa postura en conceptos como “mano dura” o “mano blanda”, y puso el acento en el estricto cumplimiento normativo.
