El diputado provincial Franco Aranda, propone que la provincia adhiera a una modificación de la Ley de Inversiones Mineras para ajustar las regalías según la rentabilidad del sector. La iniciativa excluye a proyectos en marcha y al RIGI y apunta solo a futuros emprendimientos.
El diputado provincial Franco Aranda presentó en la Legislatura un proyecto que busca que San Juan adhiera al artículo 103 de la Ley Nacional 27.743, una modificación normativa que habilita la aplicación de un esquema de regalías mineras móviles y progresivas de hasta el 5% para nuevos proyectos, en función de la rentabilidad que registre el sector.
De acuerdo con lo planteado por el legislador, la legislación vigente establece un tope del 3% en concepto de regalías mineras. Sin embargo, la normativa nacional sancionada junto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) elevó ese límite potencial hasta el 5%, permitiendo a las provincias contar con mayor margen de maniobra en contextos de alta rentabilidad. “La idea es que, cuando la minería atraviese etapas de bonanza, pueda aplicarse una alícuota progresiva que llegue hasta el 5%, mientras que en escenarios complejos se mantenga el 3% para no afectar la inversión ni el empleo”, explicó Aranda en Radio Sarmiento.
El proyecto establece que la eventual aplicación de este esquema no alcanzará a los emprendimientos que ya se encuentran en operación ni a aquellos que se hayan incorporado al RIGI, sino que regirá únicamente para futuras inversiones. Según detalló el diputado, la reglamentación quedaría bajo la órbita del Ministerio de Minería provincial, que podría definir indicadores objetivos como el precio internacional de los minerales, los niveles de producción o los márgenes de rentabilidad de las compañías.
En defensa de la iniciativa, Aranda planteó que el esquema no es inusual en el contexto internacional y comparó la propuesta con otros países productores. “Chile aplica regalías de hasta el 8%, mientras que en Perú y Canadá algunas jurisdicciones llegan al 12%. Un máximo del 5% no desalienta inversiones si se aplica en contextos de alta rentabilidad”, sostuvo.
El legislador también aclaró que la provincia no puede implementar este mecanismo de manera directa, ya que requiere una adhesión formal a la norma nacional mediante ley provincial. El proyecto ya ingresó por mesa de entrada y deberá ser tratado en las comisiones de Minería, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales una vez que tome estado parlamentario.
Finalmente, Aranda rechazó que la propuesta implique un riesgo para la llegada de inversiones y remarcó que el diseño busca equilibrio entre competitividad y recaudación. “Fuimos muy cuidadosos para no generar incertidumbre ni afectar proyectos. La idea es que, cuando haya mayores ganancias, la provincia también pueda captar una porción adicional dentro de un esquema responsable”, concluyó.
