La justicia allanó el edificio municipal departamental para buscar documentación referida con presuntos cobros irregulares de becas.
El tema salió a la luz cuando un vecino del departamento, Jesús Linares, fue a inscribirse como proveedor de la comuna y le dijeron que no podía porque aparecía en los registros como becario, beneficio que percibía desde junio de este año. La Ley prohíbe a quien es planta permanente, personal contratado o beneficiario de algun programa social, facturarle al estado ya sea nacional, provincial o municipal.
Linares negó en todo momento ser beneficiario y decidió realizar la denuncia correspondiente. Por esa razón, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Adrián Riveros, viajó junto a un grupo de colaboradores a Calingasta y estuvo durante todo el viernes pasado y parte del sábado requiriendo todo tipo de documentación relacionada con el hecho.
El allanamiento fue reconocido por el intendente Jorge Castañeda quién dijo no saber nada acerca de Linares ni el motivo del procedimiento judicial. Lo raro es que el denunciante apuntó directamente contra quién es el Secretario de Unidad de Intendencia: Jorge Cortéz.
Por el momento hay una sola denuncia, pero el equipo de la UFI secuestró documentación no solo correspondiente al período mencionado por el denunciante sino también de años anteriores para determinar si la maniobra tenía antecedentes en el tiempo.
El fiscal Adrián Riveros dijo que «todavía es prematuro hablar de una calificación legal. Nosotros entendíamos que primero era tratar de incorporar los elementos de convicción, una vez que los tenemos, de determinar si existe un posible delito contra el Estado, que es nuestra competencia. En este caso, en la estafa o los fraudes contra la administración pública va un ardid o engaño que puede ser una falsificación de un instrumento público, en este caso, como ardid para obtener el objetivo que es el perjuicio al estado, al fisco. En virtud de ello, estamos tratando de establecer si existe esa maniobra. Por un lado la falsificación de algún instrumento público y por otro como una maniobra que tiene como objetivo obtener un beneficio económico y un perjuicio para las arcas del estado, donde puede configurarse como fraude. Es lo que estamos tratando de determinar».
El hecho se descubrió casi por casualidad. El denunciante Jesús Linares, por única vez iba a cobrar unos trabajos que su padrino del mismo apellido había hecho al municipio. Para ello debÍa presentar el DNI.
Cuando se apersonó por la tesorería a cobrar le comunicaron que no podían pagarle porque para él había un sobre con 60 mil pesos de una beca municipal que desde mayo venía percibiendo, cosa que Linares desconocía.
A partir de allí, empezó a indagar y le confirmaron que efectivamente desde el mes de mayo aparecía cobrando este beneficio, pero no era el único y además también le dijeron que a ese sobre a su nombre se lo llevaba otra persona.
Una investigación que realizó el padre del denunciante determinó que efectivamente esta situación irregular venía sucediendo, que según una empleada de Finanzas le dijo que ella tenía documentación de que ocurría desde mayo, pero un allanamiento en el Concejo Deliberante arrojaría como resutado que esto ocurre desde el 2019.
Supuestamente, según datos preliminares de personas cercanas al Concejo Deliberante, le revelaron que esto viene con falsificaciones de firmas desde hace cuatro años. Por ese dato, la UFI Delitos Especiales allanó el cuerpo legislativo municipal.
Según el denunciante, él señaló a Jorge Cortéz como el responsable de la presunta maniobra ya que existiría un video donde Cortéz es señalado como la persona designada para el manejo de esos papeles.
¿Qué secuestró el equipo del Ministerio Público Fiscal? Documentación relacionada con registros contables del Ejecutivo, como así también otros registros que estaban en poder del Concejo Deliberante. También se tomaron testimonios en Villa Calingasta y Barreal.
El caso en Calingasta agita el fantasma del «chocolate» que salió a la luz en la ciudad de La Plata y que tiene bajo la lupa a Julio «Chocolate» Rigau, a quién le encontraron 48 tarjetas de débito cuando realizaba extracciones en un cajero automático, cuyos titulares se presume, eran ñoquis de la legislatura.
Cortéz pidió licencia
Jorge Cortéz presentó una nota al intendente Jorge Castañeda donde le informa que ha decidido tomar una «licencia pasiva sin goce de haberes». Esta licencia explicó Cortéz, la mantendrá hasta que se aclare la situación de la que es objeto».
Gentileza: Diario Nuevo Mundo
