El organismo regulador nacional ratificará la autorización para ejecutar las obras que garantizarán el suministro energético del proyecto minero. La infraestructura será financiada por la empresa y constituye un paso determinante para la futura construcción del yacimiento.
El proyecto minero Vicuña quedó a un paso de alcanzar uno de los objetivos regulatorios más importantes de su desarrollo. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) confirmará la autorización para poner en marcha un conjunto de obras de infraestructura eléctrica estimadas en unos 800 millones de dólares, consideradas esenciales para abastecer de energía al emprendimiento y habilitar el inicio de su etapa constructiva.
La decisión ratifica el criterio que había adoptado previamente el entonces ENRE mediante la Resolución 79/2026 y desestima las impugnaciones presentadas durante la audiencia pública realizada el 3 de junio. De este modo, el proyecto conservará el derecho preferencial sobre el 90% de la capacidad adicional que incorporarán las nuevas instalaciones del sistema de transporte eléctrico durante los 25 años previstos para su operación.
El suministro energético era uno de los principales requisitos para que Vicuña pudiera avanzar hacia la decisión final de inversión. Con este respaldo, el emprendimiento fortalece su posición como uno de los desarrollos de cobre más relevantes del país y con mayor proyección dentro de la industria minera internacional.
Según, LV5 Radio Sarmiento, el plan de infraestructura contempla la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 kV que unirá Rodeo con Chaparro a lo largo de 167 kilómetros, la edificación de la Estación Transformadora Chaparro, la ampliación de las estaciones Rodeo y Nueva San Juan, la reconversión de la línea Nueva San Juan-Rodeo para operar en 500 kV y una nueva conexión de 220 kV entre Chaparro y la estación transformadora de Josemaría, fuera del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Una vez finalizadas las obras, el sistema tendrá capacidad para abastecer una demanda de hasta 260 megavatios, volumen requerido para la primera etapa de Josemaría. Los estudios técnicos habían determinado que, sin estas inversiones, no existían las condiciones necesarias para garantizar un suministro seguro y confiable.
Uno de los aspectos destacados de la resolución es que la totalidad de la infraestructura será financiada con recursos de la empresa minera. Desde el Enrege remarcaron que la inversión será exclusivamente privada y que no tendrá impacto sobre las tarifas del servicio eléctrico que pagan los usuarios.
La responsable del área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del organismo, María Cristina Tonnelier, señaló que el desembolso rondará los 800 millones de dólares y precisó que los costos no serán trasladados al sistema eléctrico. También informó que Transener tendrá a su cargo la operación y el mantenimiento de las nuevas instalaciones, además de supervisar su construcción.
Rechazo a las objeciones
La autorización había quedado bajo análisis tras las presentaciones realizadas por distintos organismos públicos y empresas mineras. Entre quienes cuestionaron el proyecto durante la audiencia pública estuvieron el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja y compañías como Barrick, McEwen Copper, Gualcamayo y Casposo.
No obstante, el Enrege resolvió mantener su postura inicial. En los fundamentos de la resolución sostuvo que varias de las observaciones respondían a intereses particulares orientados a obtener beneficios sobre una infraestructura financiada por un privado o a demorar la expansión del sistema nacional de transporte eléctrico.
Respecto del planteo formulado por el EPRE, el organismo nacional recordó que las líneas de 500 kV pertenecen a la jurisdicción federal y, por lo tanto, su regulación corresponde exclusivamente al Estado nacional. Además, descartó que la prioridad otorgada a Vicuña comprometa futuras necesidades energéticas de San Juan, al considerar que los estudios técnicos elaborados por Cammesa acreditan disponibilidad suficiente y que la normativa vigente establece el otorgamiento del acceso cuando se cumplen los requisitos exigidos.
La resolución también aclara que el beneficio concedido al proyecto no implica la apropiación de infraestructura pública, ya que la prioridad alcanza únicamente a la capacidad adicional generada mediante inversiones privadas y no a las instalaciones existentes.
Otro de los cuestionamientos rechazados fue el presentado por la Secretaría de Energía de La Rioja, que proponía que Vicuña financiara obras destinadas a una futura interconexión provincial con la red de 500 kV. El Enrege consideró que esa exigencia excedía las obligaciones del desarrollador y no guardaba relación con el proyecto sometido a evaluación.
Con esta definición, Vicuña elimina uno de los principales obstáculos técnicos que condicionaban su avance. El proyecto ya había comenzado a acelerar su desarrollo mediante la adjudicación de obras tempranas, el inicio de procesos de contratación de proveedores sanjuaninos y el progreso de los estudios de ingeniería. Ahora, con el respaldo para ejecutar la infraestructura eléctrica, suma un elemento clave para encaminar la decisión final de inversión y consolidar uno de los mayores proyectos cupríferos del mundo, con impacto directo sobre la economía de San Juan y su cadena de valor minera.
