El organismo actúa como querellante en la investigación y analiza documentación sobre la obra. No descartan delitos graves si se confirman las irregularidades.
El fiscal de Estado de San Juan, Sebastián Dávila, se refirió en Radio Sarmiento al estado de la investigación judicial por la obra del Acueducto Gran Tulum, causa en la que el organismo que conduce se constituyó como querellante. El funcionario explicó que el informe recientemente incorporado al expediente forma parte del proceso investigativo y advirtió que aún es prematuro sacar conclusiones, aunque no descartó que, de confirmarse las irregularidades, podrían configurarse delitos graves, incluso contra la salud pública.
Dávila señaló que desde Fiscalía de Estado se lleva adelante un plan de trabajo propio, en paralelo al que dirige el Ministerio Público Fiscal, aunque remarcó que son respetuosos del rol de los fiscales. “Nosotros tenemos un plan de trabajo que por ahí no va de la mano del trabajo del fiscal. Somos muy respetuosos de la investigación, pero es parte del proceso y pueden surgir muchos otros elementos”, explicó.
En relación al informe técnico conocido en los últimos días, el funcionario indicó que se trata de una prueba más dentro de un expediente voluminoso y que deberá ser corroborada con otros elementos. “Sería muy aventurado emitir conclusiones. Este informe tendrá que ser corroborado con otras pruebas, con pericias especializadas y con distintos medios de prueba. Es un elemento más a tener en cuenta sobre muchos otros”, afirmó.
Consultado sobre la posibilidad de que las irregularidades detectadas en los materiales utilizados en la obra pudieran derivar en un delito contra la salud pública, Dávila reconoció que esa hipótesis no puede descartarse, aunque insistió en que primero debe probarse.
“Si se comprobara que se utilizaron materiales que podían afectar la salud, podría caber ese tipo de delito. Los delitos contra la salud pública son graves y generalmente concurren con otros delitos, por lo que la pena también es alta”, sostuvo.
El fiscal de Estado también señaló que la investigación deberá determinar responsabilidades, tanto de empresas como de funcionarios, en caso de confirmarse irregularidades en la contratación o ejecución de la obra. “Si el Estado requirió determinado material, la empresa podría no tener responsabilidad. Ese tipo de cuestiones son las que hay que investigar. Sería muy aventurado adelantar una opinión”, indicó.
Respecto a la posibilidad de que sean citados exfuncionarios del gobierno anterior, Dávila aclaró que eso dependerá de lo que surja de la prueba reunida. “No sé hasta qué alcance puede llegar la investigación. Eso va a surgir de los hechos que se vayan incorporando. El director de la investigación es el fiscal y nosotros actuamos como querellantes, con autonomía para aportar pruebas”, explicó.
El titular de Fiscalía de Estado remarcó que la causa es especialmente compleja por la cantidad de documentación que debe analizarse, aunque aseguró que los elementos principales ya se encuentran resguardados. “La documentación principal está asegurada, pero es mucha y hay que analizarla. No se puede descartar que en algún momento haya faltado algún elemento, y eso también habrá que comprobarlo”, advirtió.
En ese sentido, confirmó que el organismo trabaja con un equipo de abogados que revisa distintas etapas del proceso de contratación y ejecución de la obra. “Estamos analizando distintas etapas, con distintos equipos. Es un trabajo técnico y lleva más tiempo que una causa común, pero es nuestra obligación hacerlo”, afirmó.
Finalmente, Dávila remarcó que el objetivo de la querella es proteger los intereses de la provincia y llegar a la verdad. “Como querellantes vamos a defender el patrimonio de la provincia, porque es nuestra función constitucional. Vamos a aportar todo lo que podamos, pero sin poner en riesgo la investigación. Lo importante es que se esclarezcan los hechos y que, si hay responsables, se hagan cargo”, concluyó.
