El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley para crear el denominado Súper RIGI, un nuevo esquema de promoción destinado a captar grandes inversiones vinculadas a industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico.
La iniciativa, que busca emular al RIGI original para el cual ya se concretaron anuncios por cerca de u$s81.000 millones, pero de momento apenas concretado poco más de u$s700 millones, fue remitida a Diputados mediante el Mensaje N°181/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
¿Qué es el Súper RIGI?
El proyecto crea el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias” y establece un paquete de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de al menos u$s1.000 millones.
Según el texto oficial, el objetivo es atraer inversiones de gran escala en actividades “que actualmente no se desarrollen en el país o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”.
Entre los sectores mencionados en los fundamentos aparecen inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
Qué beneficios contempla el “Súper RIGI”
El corazón del proyecto está centrado en un esquema de fuerte reducción impositiva y estabilidad regulatoria de largo plazo.
Entre los principales beneficios incluidos en la iniciativa figuran:
- Impuesto a las Ganancias reducido al 15%;
- amortización acelerada de inversiones;
- quebrantos impositivos sin límite temporal;
- alícuota reducida sobre dividendos;
- devolución de IVA mediante certificados fiscales;
- exención de derechos de importación y exportación;
- libre disponibilidad progresiva de divisas generadas por exportaciones;
- y estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años.
Además, el proyecto prevé una reducción de contribuciones patronales al 10% para nuevas relaciones laborales generadas por los proyectos adheridos.
En materia cambiaria, las empresas podrán disponer libremente de un porcentaje creciente de las divisas obtenidas por exportaciones: 20% después del primer año, 40% luego del segundo y 100% a partir del tercer año desde la primera exportación.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que Argentina quedó rezagada frente a otros países por “décadas de inestabilidad normativa, presión tributaria excesiva y restricciones cambiarias”.
Por eso, el proyecto busca posicionar al país “como un destino de inversión de primer nivel mundial en industrias del futuro”.
La iniciativa define como “nuevas actividades económicas” a los proyectos industriales, tecnológicos o de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica con “impacto transformador en la estructura productiva nacional”.
El texto también aclara que no podrán ingresar proyectos que sean ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes.
Provincias y municipios deberán adherir
Uno de los puntos centrales del esquema es que las provincias y municipios deberán adherir formalmente para que los proyectos puedan acceder a los beneficios.
El Gobierno plantea que las jurisdicciones deberán comprometerse a mantener estabilidad fiscal y condiciones compatibles con la magnitud de las inversiones.
En paralelo, el proyecto establece que cualquier norma provincial o municipal que limite o afecte los beneficios otorgados por el régimen será considerada “nula de nulidad absoluta”.
