El proyecto avanza en el Senado con el respaldo de organizaciones civiles. Buscan tipificar el delito con condenas más severas y alertan por su impacto social y judicial.
Una iniciativa legislativa que propone sanciones más estrictas para quienes realicen denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género gana terreno en el Senado, acompañada por testimonios que buscan visibilizar las consecuencias de estas situaciones. Andrea Guacci, integrante del Frente de Mujeres Argentinas contra las Falsas Denuncias, expresó con firmeza la gravedad del problema y sostuvo que este tipo de acusaciones puede arruinar la vida de una persona sin que existan hoy castigos proporcionales.
El proyecto plantea una reforma del Código Penal para que estos casos dejen de encuadrarse únicamente como calumnias o injurias. Según explicó Guacci en Radio Sarmiento, la intención es reconocer el daño profundo que generan estas denuncias y establecer penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión efectiva. Además, remarcó que las secuelas no se limitan al plano legal, sino que también afectan de manera permanente la reputación y la vida social de los acusados.
La propuesta también contempla sanciones para los profesionales que participen en estos procesos con conocimiento de la falsedad de las denuncias. En esos casos, las penas podrían incrementarse e incluso derivar en la inhabilitación para ejercer. Desde el espacio impulsor sostienen que no se trata de episodios aislados, sino de una problemática más amplia que requiere una respuesta estructural.
Por último, Guacci advirtió sobre el impacto que estas situaciones tienen en quienes realmente sufren violencia. Según afirmó, las denuncias falsas desvían recursos y atención que deberían destinarse a víctimas reales, al tiempo que cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y el temor que, a su entender, existe en algunos ámbitos a la hora de dictar fallos en este tipo de casos.
