El oficialismo logró aprobar en la Cámara baja la Ley Penal Juvenil y ahora girará la iniciativa al Senado. El Gobierno apunta a sancionar la iniciativa dentro del período de extraordinarias.
La Cámara de Diputados le dio este jueves media sanción a la Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad. Fue en el marco de una sesión especial convocada para abordar ese tema junto con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
El proyecto oficialista fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas. La discusión se dio en medio de un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los bloques, con posiciones divergentes sobre el alcance de la reforma, el tipo de penas previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Baja de la edad de imputabilidad: el punto central del proyecto
El “corazón” del nuevo Régimen Penal Juvenil es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El Gobierno había propuesto inicialmente llevarla a 13 años, pero los consensos parlamentarios cerraron finalmente en 14.
El proyecto establece: aplicación de medidas socioeducativas y laborales; penas alternativas en delitos con hasta 3 años de prisión; medidas progresivas en delitos de 3 a 10 años (sin muerte o lesiones graves). También, penas privativas de libertad en institutos especializados y un máximo de 15 años de prisión para adolescentes (el Ejecutivo proponía 20).
Las detenciones deberán cumplirse en domicilios, institutos abiertos o centros especializados, siempre separados de adultos.
Presupuesto y financiamiento del Régimen Penal Juvenil
A diferencia del dictamen anterior, el texto actual incluye una asignación presupuestaria estimada en $23.739 millones.
De ese total: $3.131 millones provendrán del Ministerio de Justicia. $20.607 millones serán asignados a la Defensoría General de la Nación.
Además, se prevé que la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan firmar convenios para adecuar sus sistemas judiciales y de detención juvenil.
Uno de los puntos que generó debate es si los fondos nacionales alcanzarán para cubrir los costos de infraestructura que deberán asumir las provincias.
