Actualmente, el Código Minero Nacional fija un tope del 3% sobre el valor “boca de mina”.
Orrego se reunirá con Vicuña Corp en Canadá para discutir un esquema superador al 3% y financiamiento de infraestructura energética y vial. Un informe técnico reaviva el debate sobre regalías móviles y el impacto fiscal.
La presencia de la delegación sanjuanina en la feria minera de Toronto trasciende lo simbólico. El gobernador Marcelo Orrego mantendrá un encuentro formal con directivos de Vicuña Corp que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre la provincia y uno de los principales actores del sector.
La compañía, responsable de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, extendió una invitación al mandatario para visitar su casa matriz en Vancouver a comienzos de marzo. En esa reunión se abordarán dos asuntos considerados centrales por el Ejecutivo provincial: la actualización del esquema de regalías y la participación empresarial en el financiamiento de obras estratégicas.
Actualmente, el Código Minero Nacional fija un tope del 3% sobre el valor “boca de mina”. No obstante, desde 2011 San Juan aplica acuerdos particulares con emprendimientos metalíferos que calculan ese porcentaje sobre la facturación, lo que representa un ingreso adicional cercano al 1,5% respecto del sistema tradicional, según fuentes oficiales.
La intención del Gobierno es que Vicuña Corp adopte este mecanismo provincial. El planteo político es directo: si la escala productiva y la rentabilidad de los proyectos crecen, también deben incrementarse los aportes a la provincia.
Pero la discusión no se limita al terreno impositivo. La expansión minera proyectada obligará a fortalecer la infraestructura energética. De acuerdo con estimaciones oficiales, cuando Josemaría y Filo del Sol alcancen su máximo nivel de producción, su demanda eléctrica conjunta podría equivaler a cerca del 70% del consumo actual de toda la provincia.
Entre las obras previstas figuran la ampliación de la Estación Transformadora de Rodeo, la elevación de la línea a 500 kV y la extensión del tendido hacia La Rioja para cerrar el anillo energético y reforzar la estabilidad del sistema. Una alternativa en análisis es la creación de un fideicomiso específico que permita canalizar capital privado para acelerar estas inversiones sin depender exclusivamente de recursos públicos.
En paralelo, la modernización de la Ruta 40 Norte aparece como otro eje prioritario. Se trata de un corredor clave para el transporte de insumos y del mineral extraído en la cordillera, cuya mejora resulta determinante tanto para la competitividad como para mitigar el impacto logístico en las comunidades.
El escenario combina así pragmatismo económico y estrategia política: la Provincia busca sostener un marco atractivo para la inversión, pero al mismo tiempo incrementar la participación fiscal y asegurar que el desarrollo minero deje infraestructura permanente.
Regalías bajo la lupa
El debate se profundizó tras la difusión de un informe publicado por Infobae y elaborado por el ingeniero en minas Mario Capello. El trabajo plantea que, en el caso de la mina Veladero, San Juan podría haber percibido US$166 millones adicionales si hubiera aplicado un sistema de regalías móviles o progresivas en lugar del esquema fijo del 3%.
El análisis parte de un precio del oro cercano a los US$4.500 por onza y una producción anual estimada en 400.000 onzas. Bajo el régimen actual, los ingresos provinciales rondarían los US$54 millones. Sin embargo, con un modelo que capture una mayor porción de la renta cuando el valor internacional supera ampliamente el AISC —estimado en US$1.070 por onza— la recaudación habría ascendido a US$220 millones.
La diferencia, según Capello, representa recursos que la provincia dejó de percibir. En ese marco, la negociación con Vicuña Corp adquiere una dimensión estratégica: no sólo se discute el presente de los grandes proyectos, sino también el modelo de distribución de la renta minera a futuro.
