Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan consideró “totalmente desacertadas y desubicadas” las expresiones del funcionario nacional.
Las recientes declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, generaron un fuerte malestar en el sector vitivinícola, luego de que comparara a entidades del rubro con la “mafia de la AFA” y calificara a algunos dirigentes como “discípulos de Chiqui Tapia”, en el marco del debate por la desregulación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Uno de los que salió a responder en LV5 Radio Sarmiento fue Gustavo Samper, presidente de la Cámara Vitivinícola de San Juan y vicepresidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), quien consideró “totalmente desacertadas y desubicadas” las expresiones del funcionario nacional.
“Entendemos que la desregulación o no de la vitivinicultura debería discutirse del sector hacia adentro. No puede venir alguien que no tiene profundidad en el tema vitivinícola. Nosotros nos hemos criado entre uvas, sabemos lo que hacemos”, afirmó Samper, visiblemente molesto por la comparación con el fútbol argentino.
El dirigente también rechazó de plano la analogía económica planteada por el ministro: “Ni siquiera movemos una mínima parte del dinero que mueve la AFA. Creo que ha sido muy mal asesorado”, sostuvo.
El cruce se produjo luego de que Sturzenegger explicara públicamente una de las principales medidas adoptadas en el proceso de desregulación del INV: el cambio del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), que pasó de ser obligatorio a opcional. Según detalló el ministro, el objetivo fue eliminar cargas burocráticas innecesarias, permitiendo que el CIU sea utilizado solo por aquellos productores que lo consideren útil, por ejemplo, para fines de trazabilidad. En ese sentido, indicó que antes del cambio normativo el 45% de los productores obligados a presentar el certificado luego no lo utilizaban.
En una publicación en redes sociales, Sturzenegger ironizó: “Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón”, y sostuvo que, al igual que en el fútbol, existen dirigencias que buscan mantener esquemas de control y restricciones. Además, cuestionó la presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza, que solicitó que el CIU vuelva a ser obligatorio.
El ministro planteó dos posibles motivos detrás de ese pedido: por un lado, que el CIU funcionaba como una herramienta para concentrar información clave sobre el movimiento de la uva, lo que —según afirmó— podría facilitar mecanismos de control y cartelización del mercado; y por otro, que la eliminación de su obligatoriedad dificulta el cobro de una tasa vinculada a entidades del sector, en referencia a la Coviar, cuyo mandato, aseguró, venció en 2020.
Desde el sector vitivinícola, Samper reconoció que existen aspectos positivos en la desregulación, como la eliminación de la burocracia excesiva dentro del INV, pero advirtió que una liberalización total también puede generar riesgos. “Desde el sector creemos que es bueno que no haya un instituto como está planteado hoy, pero tampoco es bueno que no haya control. Lo sano no es pasar de un control estricto a una desregulación absoluta, porque eso podría afectar la trazabilidad”, explicó.
Finalmente, el dirigente sanjuanino remarcó que la discusión sobre el CIU y el INV no es hoy el principal problema de la vitivinicultura argentina. “Estamos atravesando una crisis mucho más grave, que es la extrema baja del consumo y un problema gravísimo de comunicación. No estamos pudiendo llegar al consumidor y eso es lo que realmente nos preocupa”, concluyó.
