Con el escenario político más ordenado, el foco estará puesto en reactivar debates postergados y exigir respuestas sobre la gestión anterior.
Tras el clima político que dejaron las elecciones legislativas 2025 y luego de haber alcanzado la mayoría necesaria para avanzar con la designación del Fiscal General propuesto, Guillermo Baigorrí, el oficialismo de San Juan se prepara para un cierre de año legislativo intenso. Con el escenario político más ordenado, el foco estará puesto en reactivar debates postergados y exigir respuestas sobre la gestión anterior.
Uno de los puntos más sensibles es el pedido de informes sobre el Acueducto Gran Tulum, una obra estratégica para el abastecimiento de agua del Gran San Juan que quedó bajo la lupa tras las observaciones de una comisión técnica. Según lo expuesto por el vicegobernador Fabián Martín, se detectaron irregularidades en aproximadamente 10 kilómetros de cañerías que no cumplían con las condiciones técnicas necesarias para soportar la presión del sistema.
Esa situación habría derivado en una pérdida estimada en 50 millones de dólares, cerca de la mitad del financiamiento nacional recibido para la obra, lo que despertó fuertes sospechas sobre un posible daño patrimonial para la provincia. A este escenario se suma una nueva preocupación: trascendió que los caños que reemplazaron a los originales también podrían ser inadecuados, lo que pondría en riesgo el funcionamiento integral del acueducto.
Mientras tanto, varios pedidos de informes permanecen sin respuesta en la Legislatura. Si bien el reglamento establece plazos específicos, las presentaciones quedaron virtualmente paralizadas tras el impulso inicial que tuvieron a comienzos de año, lo que ahora genera interrogantes sobre la eficacia del proceso de control.
El Acueducto no es el único foco de atención. El oficialismo también impulsa pedidos de información vinculados a obras paralizadas, subsidios al transporte, contrataciones de publicidad oficial y litigios judiciales que podrían generar un impacto económico para las arcas provinciales. El alcance de estas solicitudes apunta a una auditoría amplia de la gestión anterior, aunque la falta de avances concretos comienza a sembrar dudas sobre los resultados esperados.
Desde la oposición también se activaron iniciativas de control. El Partido Justicialista solicitó informes sobre la situación de residencias geriátricas, la intervención de clubes, la compra de kits escolares y un eventual respaldo estatal a la aerolínea Flybondi. En la misma línea, La Libertad Avanza reforzó los pedidos para acceder a información vinculada con esa empresa.
Otro de los ejes que volverá al centro de la escena es la Ley de Transporte. El proyecto, que busca crear un registro único y dejar atrás el sistema tradicional de licencias, pretende modernizar la actividad y establecer reglas claras para los trabajadores del sector. Durante la campaña, el tratamiento fue postergado por la fuerte disputa política que generó.
Según fuentes del oficialismo, el peronismo habría “politizado” la iniciativa, mientras que legisladores dialoguistas solicitaron al vicegobernador demorar su debate con el compromiso de retomar el tratamiento una vez finalizado el proceso electoral.
En paralelo, el Poder Ejecutivo se prepara para enviar a la Legislatura la nueva Ley de Proveedores Mineros, anticipada por el ministro Gustavo Fernández. La norma busca impulsar el desarrollo de proveedores sanjuaninos y delimitar con mayor precisión qué se entiende por “proveedor local”, estableciendo prioridades para empresas de comunidades directamente vinculadas a la actividad minera.
Con las elecciones ya atrás, el oficialismo acelera su hoja de ruta. Las próximas semanas serán determinantes para saber si los proyectos y controles que quedaron en pausa antes de los comicios finalmente avanzan o vuelven a quedar atrapados en la pulseada política.
