El abogado Marcelo Arancibia, pidió formalmente que se incorporen nuevos elementos periodísticos como prueba.
La investigación judicial en torno a la construcción del Acueducto Gran Tulum tomó un nuevo impulso luego de que el denunciante del caso solicitara ampliar la causa penal y avanzar sobre presuntos delitos de mayor gravedad. Las nuevas presentaciones ponen bajo la lupa a ex funcionarios de alto rango y plantean, por primera vez, la posibilidad de una trama de corrupción administrativa de carácter estructural.
El abogado Marcelo Arancibia, quien inició la denuncia, pidió formalmente que se incorporen nuevos elementos periodísticos como prueba, que se requiera información a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) sobre el vínculo entre Gustavo Monti —primo del exgobernador Sergio Uñac— y la empresa adjudicataria de la obra, y que se profundice la investigación sobre todos los actores públicos y privados que podrían estar involucrados.
La ampliación de la denuncia se apoya en documentación que vincularía a Monti con la firma Krah América Latina S.A., compañía encargada de la ejecución del proyecto. Además, se señala el rol del entonces presidente de OSSE, Sergio Ruíz, quien habría intervenido en decisiones clave relacionadas con la obra y que actualmente se desempeña como asesor del ex mandatario provincial en el Senado.
Según el escrito presentado ante el Ministerio Público, los elementos reunidos excederían una relación ocasional y revelarían un nexo formal y operativo entre funcionarios estatales y la empresa contratista, coincidente con resoluciones administrativas de alto impacto económico. Entre las irregularidades denunciadas figuran presuntos sobreprecios y pagos anticipados que no habrían sido debidamente justificados.
De comprobarse estos hechos, la denuncia advierte que podrían configurarse los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario, contemplados en los artículos 265 y 248 del Código Penal.
Otro aspecto que alimenta las sospechas es la posterior reubicación laboral del ex titular de OSSE, quien habría participado en la aprobación técnica de los materiales utilizados en la obra y luego fue incorporado como asesor político. Para el denunciante, este movimiento podría interpretarse como parte de un entramado de protección y continuidad política, incompatible con los principios de control y transparencia en la obra pública.
La causa, que ya había generado impacto en el ámbito político provincial, adquiere ahora una dimensión más compleja. Las acusaciones no solo cuestionan decisiones administrativas puntuales, sino que apuntan a posibles vínculos familiares, beneficios posteriores y un esquema sostenido en el tiempo que, de confirmarse, podría convertirse en uno de los episodios de presunta corrupción más delicados de la obra pública reciente en San Juan.
