El abogado amplió la denuncia por presuntas irregularidades en la obra hídrica y aseguró que existían informes técnicos que advertían problemas con las cañerías desde 2020. Además, cuestionó la lentitud de la investigación judicial.
La investigación por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado querellante Marcelo Arancibia presentara una ampliación de la denuncia con documentación que, según sostiene, demuestra que las advertencias sobre posibles fallas en los materiales utilizados eran conocidas durante la ejecución de la obra.
El letrado aseguró que incorporó al expediente informes técnicos elaborados en 2020 que daban cuenta de observaciones vinculadas a los caños instalados en distintos tramos del acueducto. A su entender, esos antecedentes evidencian que tanto autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) como funcionarios del entonces gobierno provincial debían estar al tanto de las irregularidades detectadas.
Arancibia afirmó en LV5 Radio Sarmiento que los documentos técnicos señalaban inconvenientes relacionados con las características de las cañerías y su capacidad para soportar las exigencias operativas previstas para el sistema. Por ese motivo, consideró necesario avanzar en la determinación de responsabilidades entre quienes participaron de la supervisión, certificación y ejecución del proyecto.
Según planteó, la cuestión central ya no pasa únicamente por establecer si los materiales empleados cumplían o no con las especificaciones técnicas originales, sino por determinar si existieron alertas previas que fueron ignoradas mientras la obra continuaba desarrollándose y recibiendo financiamiento estatal.
El abogado también reiteró sus cuestionamientos al ritmo de la investigación judicial y advirtió que algunos hechos podrían quedar alcanzados por los plazos de prescripción. En ese sentido, reclamó una mayor celeridad en el avance del expediente y sostuvo que ya debería haberse formalizado la causa.
“Se están cumpliendo plazos importantes y algunas actuaciones corren riesgo de prescribir. Tanto la fiscalía como los organismos involucrados deberían avanzar con la formalización en lugar de continuar solicitando prórrogas”, expresó.
La nueva presentación judicial incorpora un informe fechado el 24 de junio de 2020, elaborado durante la ejecución de la obra, en el que se analizan procedimientos aplicados a las uniones de caños de polietileno de alta densidad. De acuerdo con la denuncia, en las inspecciones participaron representantes de la empresa constructora, personal de OSSE y especialistas técnicos, por lo que las observaciones habrían sido conocidas mientras los trabajos aún estaban en marcha.
A partir de esta documentación, la investigación buscará establecer quiénes tuvieron acceso a esos informes, qué decisiones se adoptaron posteriormente y si las advertencias detectadas pudieron derivar en un perjuicio para el Estado. Asimismo, la denuncia apunta a profundizar el análisis de posibles delitos vinculados con la administración pública, entre ellos administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos.
La causa continúa en etapa investigativa y la incorporación de estos nuevos elementos podría resultar clave para reconstruir el circuito de información técnica que rodeó una de las obras de infraestructura hídrica más importantes ejecutadas en San Juan en las últimas décadas.
